¿Qué razones esgrimen los estudiantes para irse a Paro Nacional? . Por Manuel Guerrero*, del 4 Junio 2008.

Para hoy los estudiantes secundarios, universitarios y Colegio de Profesores han convocado a un Paro Social por la Educación. Habrá una MARCHA AUTORIZADA, que partirá a las 10 a.m. desde Plaza Los Héroes. El recorrido será el siguiente: desde la plaza por bandejón central de la Alameda, luego San Ignacio hasta Parque Almagro. Después Ahumada con la Alameda, a las 11 horas.

¿Pero qué razones esgrimen los estudiantes para movilizarse en un día como hoy?: Su oposición a la Ley General de Educación.

La Ley General de Educación (Ley Ge) es la alternativa que el gobierno ha puesto para derogar la LOCE (Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza), ley de educación heredada de la dictadura. Se puede decir que La Ley GE es mejor que la LOCE en que es un proyecto de ley que establece criterios educativos e introduce algunas instancias democráticas como los consejos escolares. Sin embargo este proyecto de ley mantiene intactos los principales pilares que hacen que nuestro sistema educativo sea de mala calidad, discriminatorio y mercantil.

¿Cuáles son las razones?

1. La ley General de Educación no soluciona la disparidad o asimetría de derechos que hay en la constitución chilena. El derecho a la educación no tiene las garantías que tienen otros derechos como el derecho de propiedad, de libertad de enseñanza y de libre empresa en nuestra Constitución General de la República. El año 2006 se mandó una modificación a este artículo, la cual fue rechazada por parlamentarios de derecha y algunos de la Concertación.

¿Qué implica esto?

• Esta desigualdad de derechos es lo que permite que se pueda expulsar estudiantes de los colegios. Se privilegia el derecho a la libertad de enseñanza por sobre el derecho a la educación.

• Permite que los sostenedores mantengan su derecho a lucro. Se privilegia el “derecho a desarrollar cualquier actividad económica, de propiedad” por sobre el derecho a la educación.

• Impide la participación efectiva de los estudiantes, profesores y apoderados en las escuelas. Es más importante el derecho del sostenedor educativo sobre su negocio, que la participación de los actores educativos en su educación. Es fundamental que los consejos escolares sean resolutivos y no sólo consultivos.

2. La Ley General de Educación no modifica el rol del Estado, limitado a lo “subsidiario”.

¿Qué significa esto?

Es derecho de los padres garantizar la educación de sus hijos y el estado sólo tiene el deber de otorgar especial protección al ejercicio de este derecho de los padres, mediante el financiamiento de escuelas y la información sobre la calidad de éstas. El sujeto del derecho a la educación no es el niñ@ frente al estado. Esto prohíbe al Estado una intervención directa en la gestión educativa. Sólo interviene cuando ningún privado o municipio pueda o quiera gestionar la educación donde se necesite. Esto es un rol subsidiario.

¿Cómo afecta esto a la calidad del sistema educativo?

El Estado no pude tener escuelas de calidad gratuitas que garanticen el derecho a la educación, y regule la oferta privada. Es necesario un estado “garante” y no “subsidiario” en educación. Es decir un estado que gestione una educación de calidad integral, única forma de garantizar el derecho a la educación de los niños y de regular la calidad de la educación privada.

3. La Ley General de Educación no cambia la forma en como se administran las escuelas hoy en día, es decir, el sistema de sostenedores municipales y privados.

Este sistema no garantiza una concentración de recursos financiaros y educativos en los sectores en que más se necesita. Ni las municipalidades ni los privados han demostrado tener las capacidades para gestionar la educación de los sectores desfavorecidos. De 345 sólo 20 tiene equipos preocupados de la educación. La mayoría de los sostenedores son empresarios, estos no han demostrado una buena gestión educativa en sus escuelas.

4. La Ley General de Educación no hace ninguna mención sobre el sistema de financiamiento.

En la ley no se mencionan cambios en el sistema de financiamiento de la educación. Este sistema se basa en la entrega directa de dinero a los sostenedores educacionales. Este dinero se entrega por la asistencia mensual del estudiante. El monto varía según Jornada (JEC o normal) y por tipo de educación (ETP, Especial, Científico–Humanista).

¿En qué perjudica este sistema de financiamiento a la educación pública?

• Induce a la competencia entre escuelas para captar alumnos y así cubrir sus gastos mes a mes. Esta situación incita la corrupción, falsear listas, clonar estudiantes, para captar mas subvención.

• Se mantiene el Financiamiento Compartido (que lo colegios subvencionados puedan cobrar un colegiatura extra a los padres), lo que de alguna manera es una firma de selección de estudiantes. Esto segmenta aún más la educación.

5. La Ley General de Educación no se pronuncia sobre temas tan relevantes como las condiciones de trabajo de los profesores, cambiar el sistema de medición de la calidad de la educación, el lucro y la discriminación.

• Los profesores hoy no tienen condiciones de trabajo ni para su formación inicial que les permitan tener una mejor labor educativa (Un profesor contratado por más de 30 horas a la semana tiene que estar un 75% de ese tiempo en clases. ¿Cuándo prepara sus clases?, ¿Cuándo investiga para enriquecer sus clases?.

• El actual sistema de medición de calidad (SIMCE) mide sólo contenidos básicos para el mercado laboral actual. Esto simplifica la labor educativa en las escuelas haciéndolas tediosas y orientadas al entrenamiento de mano de obra barata.

• No se prohíbe el lucro, también pueden ser sostenedores sociedades de derecho privado (con fin de lucro), con giro único educación.

• El sistema público mantiene su carácter discriminatorio. Los establecimientos que reciben fondos del Estado pueden expulsar o no aceptar estudiantes, amparándose en el reglamento interno o en el proyecto educativo de los establecimientos educacionales.

*Manuel Guerrero es Sociólogo, académico y guitarrero.

http://manuelguerrero.blogspot.com/

Toma en la U. de Chile Enviado por Juana Aguilera Jaramillo

Declaración del Consejo de Facultad de Filosofía y Humanidades

Como es de conocimiento público, el país vive un momento de agitación y discusión respecto de la educación en general, y de la educación superior en particular. Esta discusión no es nueva y dice relación con el modelo de educación impuesto durante la dictadura, modelo que en sus aspectos claves ha permanecido vigente, en especial en la relación del Estado con las universidades estatales.

De manera reiterada, la Universidad a través de sus distintas autoridades, ha venido planteando tanto a los diferentes gobiernos de la Concertación como a la sociedad toda, la necesidad de cambiar el modelo subsidiario y establecer un nuevo trato entre el Estado y las universidades estatales.

No obstante, el financiamiento basal -que es el aporte estatal que permite el funcionamiento regular de las universidades estatales- ha venido disminuyendo considerablemente año a año, sin que haya habido de parte del Estado ningún signo de cambio en esta política. Lo ocurrido afecta la misión de estas universidades y las obliga a un creciente autofinanciamiento que atenta en contra del derecho a la educación y la igualdad de oportunidades.

Todo ello resulta particularmente lesivo para facultades que producen bienes públicos, fundamentales para un desarrollo armónico e integrado del país, pero de escaso valor monetario en el mercado. La Facultad de Filosofía y Humanidades está y ha estado en contra de este modelo. Seguiremos, en consecuencia, perseverando por su cambio.

A esta situación general, se suma el hecho de que en las humanidades, las ciencias sociales y las artes, persiste el grave daña causado durante la dictadura, no solo en términos económicos sino también académicos, patrimoniales y de infraestructura. Hasta la fecha, estas áreas no han recibido por parte del Estado la reparación histórica que éste les adeuda, lo que perjudica no solo a las instituciones universitarias sino también al país.

En este escenario, que se ha mantenido por más de treinta años, el Gobierno ha hecho recientemente un gesto que implica un financiamiento especial para las humanidades, las artes y las ciencias sociales en las universidades estatales del país. Ciertamente, este gesto no implica la revisión y cambio del modelo vigente y no puede considerarse, por lo tanto, como el nuevo trato que las universidades públicas, especialmente la Universidad de Chile, han venido reclamando.

Desde esta perspectiva exigiremos en todas las instancias pertinentes un nuevo trato que considere los aspectos señalados. No obstante ello, el gesto del Gobierno constituye en la práctica una posibilidad de supervivencia y desarrollo en el corto plazo. Más aun, en tanto se establece como un proyecto de alcance nacional, contribuye objetivamente al fortalecimiento de las disciplinas mencionadas en el sistema universitario estatal.

Tres aspectos de este proyecto han sido objeto de debate en el último tiempo: el convenio de desempeño, la contraparte de la Universidad y la participación estudiantil. En cuanto a la modalidad de convenio de desempeño que este aporte considera, estamos de acuerdo en que los fondos del Estado, que son limitados para las necesidades del país, sean justificados y rendidos públicamente.

Esto no significa, en ningún caso, que abjuremos de nuestra postura en pos del cambio del modelo actual y la necesidad de un financiamiento basal directo que asegure – como lo ha planteado el señor Rector- recursos suficientes y estables para las universidades públicas del país.

Precisamente en la medida en que se trata de un aporte extraordinario y no permanente, la demanda de un mayor financiamiento basal sigue en pie.

Por otro lado, este convenio de desempeño se inscribe en la línea de otros similares que la Universidad y la Facultad ya han suscrito y desarrollado, como los proyectos MECESUP, FONDAP, Anillos y otros que, a modo de ejemplo, nos han permitido remodelar la biblioteca, contratar nuevos profesores y becar a estudiantes.

El aporte ofrecido por el Estado en esta oportunidad, aunque significativo, no es suficiente para que estas disciplinas den el salto que la Universidad y nosotros consideramos imprescindible. En este sentido, tal y como ha ocurrido con otros proyectos, la Universidad y la Facultad han debido comprometer recursos propios.

Dada la situación de las humanidades en nuestra Universidad, estos recursos, aun sin proyecto, hubiesen tenido que invertirse de todas formas, particularmente en lo que dice relación con el fortalecimiento académico, la infraestructura y el incremento de cupos en el programa de Estudios Pedagógicos, que es uno de los compromisos relevantes de nuestro quehacer.

El proyecto Bicentenario, en su estado actual, considera una etapa inicial de participación del conjunto de la comunidad universitaria en la generación de los procesos y actividades concretas que involucra (fortalecimiento académico, mejora del sistema administrativo-académico, infraestructura y vinculación con el medio social). Contempla incluso una consulta a la comunidad con respecto al plan maestro de infraestructura. Invitamos a toda la comunidad de nuestra Facultad a conocer en detalle el proyecto e incorporarse al proceso de reflexión y discusión que contempla.

Es propio de quienes cultivamos las Humanidades, las Artes y las Ciencias Sociales, el debate abierto y profundo sobre estos y otros temas, que son de interés nacional, y nadie debiera extrañarse de ello. Son precisamente nuestras disciplinas las llamadas a hacer una reflexión que trascienda los límites de lo inmediato. Nuestra tradición muestra, asimismo, que han sido los debates llevados a cabo contrastando ideas, con respeto a los distintos enfoques, los que han resultado efectivamente fecundos y han contribuido a procesos de cambios reales en la Universidad y el país.

Resulta particularmente desafortunada, en esta perspectiva, la adopción de actitudes de violencia dirigidas en contra de miembros de cualquier estamento de la Universidad o que desconozcan la institucionalidad que libre y democráticamente se ha dado la comunidad universitaria. Santiago, de mayo de 2008