Como es de conocimiento público, el país vive un momento de agitación y discusión respecto de la educación en general, y de la educación superior en particular. Esta discusión no es nueva y dice relación con el modelo de educación impuesto durante la dictadura, modelo que en sus aspectos claves ha permanecido vigente, en especial en la relación del Estado con las universidades estatales.
De manera reiterada, la Universidad a través de sus distintas autoridades, ha venido planteando tanto a los diferentes gobiernos de la Concertación como a la sociedad toda, la necesidad de cambiar el modelo subsidiario y establecer un nuevo trato entre el Estado y las universidades estatales.
No obstante, el financiamiento basal -que es el aporte estatal que permite el funcionamiento regular de las universidades estatales- ha venido disminuyendo considerablemente año a año, sin que haya habido de parte del Estado ningún signo de cambio en esta política. Lo ocurrido afecta la misión de estas universidades y las obliga a un creciente autofinanciamiento que atenta en contra del derecho a la educación y la igualdad de oportunidades.
Todo ello resulta particularmente lesivo para facultades que producen bienes públicos, fundamentales para un desarrollo armónico e integrado del país, pero de escaso valor monetario en el mercado. La Facultad de Filosofía y Humanidades está y ha estado en contra de este modelo. Seguiremos, en consecuencia, perseverando por su cambio.
A esta situación general, se suma el hecho de que en las humanidades, las ciencias sociales y las artes, persiste el grave daña causado durante la dictadura, no solo en términos económicos sino también académicos, patrimoniales y de infraestructura. Hasta la fecha, estas áreas no han recibido por parte del Estado la reparación histórica que éste les adeuda, lo que perjudica no solo a las instituciones universitarias sino también al país.
En este escenario, que se ha mantenido por más de treinta años, el Gobierno ha hecho recientemente un gesto que implica un financiamiento especial para las humanidades, las artes y las ciencias sociales en las universidades estatales del país. Ciertamente, este gesto no implica la revisión y cambio del modelo vigente y no puede considerarse, por lo tanto, como el nuevo trato que las universidades públicas, especialmente la Universidad de Chile, han venido reclamando.
Desde esta perspectiva exigiremos en todas las instancias pertinentes un nuevo trato que considere los aspectos señalados. No obstante ello, el gesto del Gobierno constituye en la práctica una posibilidad de supervivencia y desarrollo en el corto plazo. Más aun, en tanto se establece como un proyecto de alcance nacional, contribuye objetivamente al fortalecimiento de las disciplinas mencionadas en el sistema universitario estatal.
Tres aspectos de este proyecto han sido objeto de debate en el último tiempo: el convenio de desempeño, la contraparte de la Universidad y la participación estudiantil. En cuanto a la modalidad de convenio de desempeño que este aporte considera, estamos de acuerdo en que los fondos del Estado, que son limitados para las necesidades del país, sean justificados y rendidos públicamente.
Esto no significa, en ningún caso, que abjuremos de nuestra postura en pos del cambio del modelo actual y la necesidad de un financiamiento basal directo que asegure – como lo ha planteado el señor Rector- recursos suficientes y estables para las universidades públicas del país.
Precisamente en la medida en que se trata de un aporte extraordinario y no permanente, la demanda de un mayor financiamiento basal sigue en pie.
Por otro lado, este convenio de desempeño se inscribe en la línea de otros similares que la Universidad y la Facultad ya han suscrito y desarrollado, como los proyectos MECESUP, FONDAP, Anillos y otros que, a modo de ejemplo, nos han permitido remodelar la biblioteca, contratar nuevos profesores y becar a estudiantes.
El aporte ofrecido por el Estado en esta oportunidad, aunque significativo, no es suficiente para que estas disciplinas den el salto que la Universidad y nosotros consideramos imprescindible. En este sentido, tal y como ha ocurrido con otros proyectos, la Universidad y la Facultad han debido comprometer recursos propios.
Dada la situación de las humanidades en nuestra Universidad, estos recursos, aun sin proyecto, hubiesen tenido que invertirse de todas formas, particularmente en lo que dice relación con el fortalecimiento académico, la infraestructura y el incremento de cupos en el programa de Estudios Pedagógicos, que es uno de los compromisos relevantes de nuestro quehacer.
El proyecto Bicentenario, en su estado actual, considera una etapa inicial de participación del conjunto de la comunidad universitaria en la generación de los procesos y actividades concretas que involucra (fortalecimiento académico, mejora del sistema administrativo-académico, infraestructura y vinculación con el medio social). Contempla incluso una consulta a la comunidad con respecto al plan maestro de infraestructura. Invitamos a toda la comunidad de nuestra Facultad a conocer en detalle el proyecto e incorporarse al proceso de reflexión y discusión que contempla.
Es propio de quienes cultivamos las Humanidades, las Artes y las Ciencias Sociales, el debate abierto y profundo sobre estos y otros temas, que son de interés nacional, y nadie debiera extrañarse de ello. Son precisamente nuestras disciplinas las llamadas a hacer una reflexión que trascienda los límites de lo inmediato. Nuestra tradición muestra, asimismo, que han sido los debates llevados a cabo contrastando ideas, con respeto a los distintos enfoques, los que han resultado efectivamente fecundos y han contribuido a procesos de cambios reales en la Universidad y el país.
Resulta particularmente desafortunada, en esta perspectiva, la adopción de actitudes de violencia dirigidas en contra de miembros de cualquier estamento de la Universidad o que desconozcan la institucionalidad que libre y democráticamente se ha dado la comunidad universitaria. Santiago, de mayo de 2008
