Ensayos "Operación Colombo" .Por Marco Herrera Campos

Ensayos Operación Colombo: La prensa que se calló con Pinochet En 1975, 119 opositores a la dictadura militar chilena murieron indefensos y pasaron a engrosar la lista de los detenidos desaparecidos. Los diarios oficialistas de la época fueron cómplices de una burda campaña de desinformación y manipulación de los hechos. Pocos periodistas de izquierda que ejercieron en Chile, en la prensa de derecha durante la dictadura de Augusto Pinochet, han tenido el valor de reconocer que sintieron miedo o no quisieron saber de los horrores que cometía la policía política en las década de los setenta y ochenta. Uno de estos profesionales fue la periodista María Angélica de Luigi, que durante varios años escribió en la sección política del Cuerpo D de El Mercurio, el decano de la prensa nacional y uno de los principales instigadores del golpe militar de 1973, y nunca se atrevió a escribir y menos a sugerir, en las reuniones de pauta, temas vinculados a los derechos humanos. El mea culpa de la periodista puso sobre la mirada de la opinión pública a todos aquellos profesionales que por diversos motivos tuvieron que trabajar en la prensa adicta al régimen de Pinochet, sobre todo a quienes cumplieron roles directivos o cubrieron frentes sensibles como política, tribunales o policía. El testimonio de María Angélica de Luigi dejó al descubierto a muchos otros periodistas que olvidaron su deber con la verdad y bien común, y que pudiendo nunca escribieron o investigaron sobre las violaciones a la vida que se cometían a diario en el país. Lo que sigue es un extracto de su carta pública aparecida en el periódico The Clinic, en su edición del 9 de diciembre de 2004, uno de los pocos medios alternativos que hoy circulan en Chile: “Lo siento. Mientras Mónica González, Patricia Verdugo, la Camus, la Monckeberg, la dulce y angustiada Elena Gaete, del Apsi, arriesgaban la vida, yo me daba gustos de perra fina bajo los aleros de El Mercurio. Gustitos: escribir bien, forzar preguntas inteligentes, poner en aprietos, colar entrelíneas sofisticadas. ¿Alguien planteó en alguna pauta en El Mercurio que había que hacer un reportaje a los cuarteles de la Dina? Yo tampoco. No puedo culpar a nadie. Nunca se me censuró. Perra. Mientras a otras chilenas les rompían la vagina con animales, botellas, electricidad, les daban puñetazos y mataban a sus hijos y padres, yo le leía cuentos a mi hijo, pololeaba, iba a las cabañas de los periodistas en El Tabo, usaba suecos y minifalda, carreteaba, ¿era feliz? Lo siento… Pedir perdón a todos, a nadie… Fui una perra. Güevona.” El caso de la periodista María Angélica de Luigi resume el rol que cumplió la prensa de derecha en los oscuros días de la dictadura militar. Operación silencio Para entender lo que sucedió con el periodismo en la década del 70 y 80 en Chile, hay que señalar que en 1973 el 36,6 por ciento de la prensa escrita era proclive a la Unidad Popular, la coalición de partidos políticos que apoyaba a Salvador Allende. Tras el golpe militar, uno de los objetivos principales de Pinochet fue silenciar a la prensa de izquierda y lo hizo con éxito, a sangre y fuego. De esa forma, sacó de circulación 312 mil ejemplares diarios, eliminando a los periódicos El Clarín (220 mil ejemplares), El Siglo (del Partido Comunista, 29 mil), Puro Chile (25 mil), La Nación (21 mil) y Las Noticias de Última Hora (17 mil). Si bien los diarios golpistas sufrieron control y censura, una vez pasada la represión militar pudieron circular sin ningún tipo de trabas, salvo las impuestas por los celadores de la pureza ideológica del régimen. Permanecieron de esta manera los diarios La Tercera (220 mil ejemplares), El Mercurio (126 mil), Las Ultimas Noticias (81 mil), La Segunda (55 mil), Tribuna (40 mil) y La Prensa (29 mil). En total, 541 mil ejemplares diarios. Los militares además clausuraron cerca de 40 radioemisoras afines al ideario político del Presidente Allende (115 radios de alcance nacional, regional y provincial fueron partidarios del golpe y siguieron en funciones), once periódicos regionales y un centenar de revistas editadas por Quimantú (la editorial del Estado), Horizonte (del Partido Comunista) y Prensa Latinoamericana (del Partido Socialista). La prensa adicta al régimen de facto tuvo que someterse a las nuevas reglas imperantes que emanaban de un órgano censor: la Dirección Nacional de Comunicación Social (Dinacos), encargada de entregar a los medios “la versión oficial de los hechos”. Y entre los periodistas se impuso una nociva práctica, cuyos efectos aún se perciben en la prensa nacional: la autocensura. Operación Colombo Uno de los episodios más vergonzosos del periodismo chileno -que respondió a esa “versión oficial de los hechos“- tuvo lugar en julio de 1975, cuando los medios de información escritos, afines a la dictadura militar, dieron cuenta de la muerte por rencillas internas de 119 opositores en territorio argentino. La llamada Operación Colombo dejó para la posteridad uno de los titulares más abyectos del periodismo del terror, aparecido en el diario oficialista La Segunda el 24 de julio de 1975: Exterminan como ratas a miristas. Hasta el día de hoy, los responsables del montaje mediático no hacen su mea culpa. Sin embargo, la sanción ética a los autores intelectuales ya es un hecho. El 23 y 24 de julio de 1975, la agencia de noticias United Press International (UPI), (filial chilena), y los diarios El Mercurio, Ultimas Noticias, La Segunda -de propiedad de la familia Edwards- y La Tercera -del consorcio Copesa-, entregaron en riguroso orden alfabético los nombres de 119 militantes de izquierda muertos en territorio argentino, dando a entender que en los grupos de resistencia chilenos se estaba produciendo una purga interna, a raíz de las diferencias ideológicas originadas tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. La información, que fue destacada en titulares de portada, tomaba como fuente primaria a dos publicaciones, la edición del día 15 de julio de la revista Lea de Buenos Aires y la edición del día 17 del diario O´Día de Curitiba, Brasil. Lo curioso de estas fuentes es que salieron a la luz en una única edición y nunca más se supo de ellas. El montaje mediático -replicado en Chile sin corroboración o chequeo de fuentes- fue una operación muy bien planificada por los organismos de seguridad de las dictaduras del cono sur, en el marco de la Operación Cóndor, destinada a compartir información de inteligencia para la eliminación de opositores y grupos armados de resistencia, entre los que se encontraba como primera prioridad para la policía política de Pinochet -la tristemente célebre Dirección Nacional de Inteligencia (DINA)- el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), un partido político que había optado por la vía armada para derrocar la dictadura militar. Sus líderes eran Miguel Enríquez y Pascal Allende, sobrino del Presidente Salvador Allende. La historia de esta infamia periodística se inició en abril de 1975, cuando en territorio argentino se encontró el cuerpo descuartizado del militante socialista David Silberman, supuestamente dado de baja por un comando del MIR. Sin embargo, la verdad era que Silberman había sido capturado por la DINA en Chile, recluido en el centro de detención clandestino de calle José Domingo Cañas y hecho desaparecer por un comando militar. Posteriormente, el 11 de julio, aparecieron otros dos cuerpos cerca de Buenos Aires, que también habían sido dados de baja por una sangrienta vendetta interna que llevaba a cabo el MIR. En este momento la DINA da inicio al montaje mediático para hacer más creíble la trama de sus ejecuciones a los opositores chilenos e involucra a los diarios afines a la dictadura. La policía política de Pinochet comienza a entregar a los medios nacionales la versión de que en territorio trasandino se estaría organizando un ejército guerrillero. De esta forma, el diario El Mercurio reproduce el 23 de julio de 1975 un cable de la agencia UPI fechado en Buenos Aires bajo el título de "Identificados 60 miristas asesinados" y con el subtitulo "Ejecutados por sus propios camaradas". En la información se establecía que “de acuerdo con el semanario Lea, la siguiente nómina de miristas chilenos habrían sido eliminados en los últimos tres meses por sus propios compañeros de lucha…” agregándose que… “estas eliminaciones se habrían registrado en Argentina, Colombia, Venezuela, Panamá, México y Francia y es la culminación de un largo proceso de divergencias, mutuas recriminaciones y disputas por dinero”. El diario Las Ultimas Noticias publica el mismo día la información de la UPI, bajo el título "Nómina de los ajusticiados", precedido del subtitulo de "Sangrienta pugna en el MIR". En la misma fecha, el diario La Tercera publicó la misma información con el titular en portada: "El MIR ha asesinado a 60 de sus hombres". El 24 de julio de 1975 el diario La Segunda titula en primera página y con grandes caracteres: "Exterminan como ratas a miristas", precedido del subtítulo "Gigantesco operativo militar en Argentina" una información atribuible a sus reporteros y entregada en “fuentes responsables oficiales”. El mismo 24 de julio, el diario Las Ultimas Noticias entrega más información, esta vez a cuatro columnas bajo subtítulo de "Muertos, heridos y fugados" y un título de "Fuerzas de seguridad argentinas abaten a extremistas chilenos". La nota señala que la noticia surge “de fuentes del Gobierno chileno”, sin explicitarlas, y reitera textualmente lo señalado por O’ Día y Lea. El 24 de julio de 1975, el diario La Tercera y bajo el título “Confirmado: Habían presentado en Chile amparos en favor de los miristas muertos en Argentina”, señala: “Funcionarios de la secretaria en lo criminal de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmaron anoche que la mayoría de los extremistas del MIR muertos en las sangrientas luchas internas de ese grupo terrorista que desarrollan en Argentina, Colombia Venezuela, Panamá, México y Francia… tenían presentados en su favor recursos de amparo ante ese alto Tribunal…”. El mismo 24 de julio, el diario El Mercurio señalaba en su editorial: “Los políticos y periodistas extranjeros que tantas veces se preguntaron por la suerte de estos miembros del MIR y culparon al gobierno chileno de las desaparición de muchos de ellos, tienen ahora la explicación que rehusaron aceptar. Victimas de sus propios métodos, exterminados por sus propios camaradas, cada uno de ellos señala con trágica elocuencia que los violentos acaban por caer victimas del terror ciego e implacable que provocan, y que, puestos en ese camino, ya nada ni nadie puede detenerlos”. Sanción ética Tuvieron que pasar más de treinta años para que el Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas de Chile acogiera una demanda interpuesta por el llamado Comité de los 119 y la Corporación de Derechos del Pueblo (Codepu) y sancionara a los periodistas responsables de divulgar información falsa y mal intencionada. La resolución fue dada a conocer el 21 de marzo de 2006. El fallo estableció que en el caso de las publicaciones aparecidas en el diario El Mercurio y cuyo responsable era su director René Silva Espejo, quedó claro que los periodistas responsables del manejo de la información no cumplieron con su obligación de confrontar los hechos base de la noticia con otra fuentes que no fuera la oficial, con lo cual fallaron en entregar la verdad que la ciudadanía tenía el derecho a recibir. Y dado que el director René Silva Espejo había fallecido, se le declaró inimputable. Lo mismo se estableció para el caso de las publicaciones aparecidas en el diario La Segunda y cuyo responsable era su director Mario Carneyro, agravado por el uso de titulares agraviantes y sensacionalista tendientes no a destacar una información sino a manipular tendenciosamente la misma. Dado que Carneyro también había muerto, se le declaró inimputable. Para el caso de las publicaciones aparecidas en el diario Las Ultimas Noticias y cuyo responsable era su director Fernando Díaz Palma, se estableció que su conducta fue más reprochable ya que a la fecha ejercía la presidencia del Colegio de Periodistas de Chile. Fue sancionado con censura pública y suspensión de su calidad de miembro del Colegio de Periodista durante seis meses. En el caso de las publicaciones aparecidas en el diario La Tercera y cuyo responsable era su director Alberto Guerrero Espinoza, éste recibió sanción de censura pública y suspensión de su calidad de miembro del Colegio de Periodista durante seis meses. El fallo también menciona a la periodista Mercedes Garrido Garrido, a la fecha subdirectora del diario La Segunda, y a quien se le atribuye el titular “Exterminan como ratas a miristas”, sin embargo fue absuelta dado que las acusaciones formuladas en su contra no fueron probadas. A la periodista Beatriz Undurraga Gómez, de El Mercurio, se le aplicó las sanciones de censura pública y suspensión de su calidad de miembro del Colegio de Periodistas de Chile durante tres meses. En un hecho digno de destacar, el Tribunal de Ética señaló que el Colegio de Periodistas de Chile tampoco cumplió con su deber de proteger el correcto desempeño profesional y ser un referente en la defensa de valores éticos en el ejercicio de un periodismo sano para la sociedad. Le faltó la decisión de defender los requerimientos de la sociedad de estar correctamente informada y denunciar la responsabilidad que tuvo la prensa y los periodistas que fueron cómplices de esta situación. Si bien la sanción moral por el montaje periodístico en algo viene a reparar el daño causado a los familiares de las víctimas, es sintomático que ninguno de los periodistas sancionados haya apelado al dictamen del Tribunal de Ética y hasta ahora han guardado ominoso silencio. La opinión pública chilena aún espera sus respectivos mea culpa y que los diarios involucrados asuman sus respectivas responsabilidades por el bien de la prensa nacional.

Amnistía Internacional critica a militares chilenos por proteger a involucrados en casos de DDHH.

Amnistía Internacional critica a militares chilenos

por proteger a involucrados en casos de DDHH

Primero de Junio 2008 A juicio del organismo, ha habido un blindaje institucional porque hay "oficiales de las Fuerzas Armadas en actividad en altos mandos" involucrados.

Sergio Laurenti, director en Chile de Amnistía Internacional, criticó duramente al Ejército chileno, en especial a los militares que aún protegen a los involucrados en violaciones a los Derechos Humanos durante el régimen militar del general Augusto Pinochet. En ese sentido, Laurenti expresó que algunos agentes de la dictadura del fallecido Pinochet todavía permanecen en cargos activos y otros que han ingresado a la arena política están obstaculizando los esfuerzos para castigar a los responsables de los atropellos ocurridos en esos años. "Evidentemente ha habido un blindaje institucional, una preocupación corporativa por parte de las Fuerzas (Armadas) por proteger a sus miembros (...) El motivo principal es porque hay oficiales de las Fuerzas Armadas en actividad en altos mandos, que son responsables de violaciones a los Derechos Humanos", agregó.Reuters

No todos los muertos son buenos. Por Tito Tricot.

General Bernales: No todos los muertos son buenos.

Estalló en una letanía de jirones ámbar, dicen, en cielo ajeno, lloran. Y llevan días lamentando la muerte de un policía ejemplar, dicen. Pero, a pesar de la pompa y circunstancia y de los rostros desencajados en medio del frío otoñal, la historia verdadera nos acribilla con las muertes del muerto general. Porque, en las alturas de Panamá, en ese brutal instante de fuego, se desató la mayor tormenta de estrellas fugaces que se recortaron cristalinas en la cordillera de Nahuelbuta tiñendo de añil la lluvia mapuche. Fue un estallido descomunal que estremeció la mirada de Alex Lemun y Matías Catrileo, jóvenes mapuche asesinados por los hombres del general Alejandro Bernales. Ellos no supieron de la mesura y humanidad que, dicen, caracterizaba al general; tampoco de la ingente generosidad que, dicen, prodigaba el general, pues la vida se les escabulló ineluctablemente enceguecidos por una lluvia de estrellas azules, pero tan brillantes que, a pesar de los esfuerzos de la clase política, opacarán para siempre la impecable, dicen, hoja de vida del general. Pero no son sólo los políticos, sino que también los medios de comunicación que, concertados en la apelación al dolor, han ungido como héroe a un general de carabineros que sembró el terror en territorio mapuche cuando fue jefe de la IX zona de Carabineros de la Araucania. Fue el responsable operativo de la política de criminalización del movimiento mapuche impulsado desde el gobierno de Ricardo Lagos y, como tal, el gestor de la militarizacion de las comunidades consideradas conflictivas. La resultante de dicha política fueron los allanamientos masivos, las golpizas a los comuneros, las detenciones arbitrarias, todo en connivencia con la fiscalía pública que formulaba cargos increíbles basados en la Ley anti-terrorista. El mapuche luchaba por sus derechos colectivos como pueblo, el gobierno ordenaba la represión y el general Bernales, obsecuentemente, reprimía a hombres, mujeres y niños por el simple hecho de ser indígenas. Como ha sido siempre. Entonces, cuesta entender que se diga sin vergüenza que “fue un Oficial de profundos valores humanistas y cristianos, que privilegió el trabajo en equipo, el profesionalismo, la integración con la comunidad y la preocupación por el bienestar de los carabineros y sus familias”. ¿Dónde estaban los valores humanistas entre los helicópteros, las tanquetas y los gases lacrimógenos que aterraban a las comunidades? ¿Dónde estaba la integración con la comunidad mientras en Temucuicui se realizaban violentos allanamientos en las madrugadas? ¿Dónde estaba el cristiano general cuando a Alex, de apenas 17 años, le clavaron para siempre al viento con un balazo en la nuca? ¿Dónde cuándo a Matías, de meros 23 años, lo crucificaron sin apelación alguna a la oscuridad, y cobardemente por la espalda? La respuesta es clara, aunque les duela a los dolientes de uniforme y de civil que lo quieren transformar en santo: estaba dando las órdenes para reprimir a un pueblo digno. El general del terror Hoy nos hablan de un oficial cercano a sus hombres, cercano al pueblo llegando, incluso, a calificarlo como el “general del pueblo”. Sin embargo, el utilizó el terror de manera sistemática en las comunidades, impuso el miedo y la incertidumbre, violó los derechos humanos de millares de mapuche. Eso, claro, parece que a pocos les importa, pues en el arrebol de la tragedia de Panamá, se cantan sus glorias, se hiperbolizan sus virtudes, se minimizan sus defectos y se esconden sus crímenes, porque la vida de un indígena vale menos que la vida de un carabinero. Y, sobre todo, porque persiste una subyacencia racista en la cultura dominante que obnubila los sentidos; pero también clasista, ya que este peculiar general del pueblo, no sólo se reprimió a los mapuche, sino que a todos los sectores sociales que osaron expresar su disconformidad con el gobierno. De su violencia supieron y sufrieron los estudiantes secundarios y universitarios, los trabajadores subcontratistas del cobre, los pescadores artesanales, los trabajadores forestales y de la salud, entre otros. No obstante, jamás hubo banderas a media asta ni se decretaron tres días de duelo nacional por el asesinato de Rodrigo Cisternas, obrero forestal acribillado por carabineros durante una huelga. Ni por Lemun ni por Catrileo. Nunca. Entonces nos asiste la sospecha de que detrás de la urgente iconización y canonización del general Bernales se esconde el más profundo racismo chileno. Además, por cierto, de la entronización de una política de la desmemoria que se acerca peligrosamente a la impunidad en un país donde, a pesar de lo que se nos quiere hacer creer, no todos los muertos son buenos. Tito Tricot Sociólogo Director Centro de Estudios Interculturales ILWEN Chile Mayo 2008

Operación Colombo: recurren de amparo cinco procesados.Por Rosa Gutiérrez Silva

30 de Mayo 2008 La Corte de Apelaciones revisaría este sábado los antecedentes expuestos por los encausados, quienes esperan que a través de este recurso se les revoque los procesamientos a ellos y los demás imputados. Cinco encausados en la investigación de la causa denominada Operación Colombo presentaron ayer a la Corte de Apelaciones un recurso de amparo por la forma en que fueron notificados, acusando que se vulneró el debido proceso y se les detuvo de manera ilegal. Eso último lo fundamentan en que al momento de ponerse a disposición de la justicia no se les entregó copia del auto de procesamiento, por lo que no saben en detalle los cargos que se les imputa y por cuales de las 119 víctimas que abarca esta indagatoria. El abogado Juan Carlos Manns señaló que algunos de sus clientes no han recibido información alguna y "sin embargo han sido compelidos a firmar la notificación sin habérsele entregado ningún documento base para poder informarse de los cargos que se les imputa. Situación que altera el debido proceso de derecho, especialmente el derecho a la defensa para poder impugnar ese auto de procesamiento". LOS PROCESADOS El jurista representa al brigadier (R) Fernando Lauriani Maturana, coronel (R) Francisco Ferrer Lima, los suboficiales (R) Nelson Paz Bustamante, Jaime Paris Ramos y Raúl Soto Pérez. Los dos primeros se encuentran recluidos cumpliendo condena en la cárcel de Punta Peuco, pero los otros tres según relata Manns- fueron aprehendidos en su notificación y han permanecido en prisión preventiva sin saber bien el por qué de ésta. En el documento se señala que lo grave es que cuando han querido acceder a los fundamentos de la resolución del ministro de fuero que instruye la causa, Víctor Montiglio, se les ha negado y que se les ha informado a los abogados que soliciten la información en el tribunal a través de un "pendrive". El líbelo además critica que la publicidad de un proceso penal "no es por la prensa sino en medio de un proceso, la formalización del mismo debe hacerse como un testimonio en que se hayan detallado las responsabilidades individuales y no corporativas". El recurso se revisaría este sábado previo informe del juez. AUTOCRÍTICA En otro ámbito, el vocero de Gobierno, Francisco Vidal, en la presentación del libro "Medios de comunicación. El escenario iberoamericano" hizo un llamado a que los dueños de la prensa del país hagan una "autocrítica" de su labor durante el régimen militar. "Hay un estamento en Chile que nunca dijo que se equivocó" señaló. Acto seguido cuestionó la postura de algunos medios preguntándose "¿Por qué no piden perdón por haber hablado de los presuntos detenidos desaparecidos? ¿Por qué no piden perdón por ayudar a montar enfrentamientos falsos acreditados por la justicia?". Finalmente el vocero de Gobierno indicó que el plazo para esto último había vencido el mismo día en que se dictaron los 98 procesamientos.

Llaman a enjuiciar a los diarios que colaboraron con la DINA en la Operación Colombo.

http://www.elclarin.cl/ Autor Colaboradores jueves, 29 de mayo de 2008 Santiago.- Familiares de las 119 víctimas de la denominada Operación Colombo de la DINA, pidieron el enjuiciamiento de los medios de comunicación que apoyaron la campaña, a los que acusan de complicidad y encubrimiento de los masivos asesinatos cometidos entre 1974 y 1975. Según informa la agencia Notimex, el grupo de familiares de las víctimas, la gran mayoría jóvenes del MIR, expuso la demanda ante los Tribunales de Justicia, lugar donde fue leída una declaración que pidió un juicio a estos medios de comunicación, desde los editores a los periodistas que participaron durante un tiempo prolongado en esta operación mediática. Los medios que participaron en estos asesinatos de la dictadura fueron El Mercurio, La Segunda, Las Ultimas Noticias y La Tercera. El montaje informativo, recuerda Notimex, consistió en la publicación en medios extranjeros en Brasil y Argentina, que sólo tuvieron una edición, la información de que "extremistas" chilenos se habían eliminado entre ellos, dando a conocer una lista de 60 nombres. La reproducción en Chile del montaje elaborado por los servicios secretos de Pinochet utilizó titulares como "Exterminados como ratas" (La Segunda, 24 de julio, 1975), o "Ejecutados por sus propios camaradas" (El Mercurio, 23 julio 1975).A ellos se agregaron Las Ultimas Noticias del mismo día, con el título de "Nómina de los Ajusticiados" y el subtítulo de "Sangrienta pugna en el MIR", y el diario La Tercera tituló "El MIR ha asesinado a 60 de sus hombres". La declaración de los familiares de las víctimas de la Operación Colombo sobre la operación mediática responsabilizó a los medios chilenos de esa época, y demandó que sean procesados en calidad de encubridores."Corresponde que se persiga la responsabilidad de aquellos civiles, en particular de los medios de información y periodistas, que planificaron el montaje comunicacional de la lista de los 119 y que co-ayudaron con su implementación", dice el documento. "No puede castigarse al sicario y no a su asociado", señaló por su parte a Notimex Roberto Doribal, familiar de una de las víctimas, en alusión a medios de comunicación que en la época contribuyeron con sus publicaciones a intentar engañar a la opinión pública. Los demandantes pidieron la persecución de los medios de comunicación, como de editores y periodistas que participaron en la estrategia mediática de la Operación Colombo. Por su parte, el Colegio de Periodistas indicó que ya hubo una sanción "ética" para los reporteros involucrados en el caso de parte del gremio."Hay un dictamen de nuestro Tribunal de Etica Metropolitano, que no fue apelado, que cursa sanciones a un grupo de colegas. Y desconozco si eso es una base razonable para una acción judicial (en contra)", dijo el presidente del Colegio de Periodistas, Luis Conejeros. Mientras tanto, este martes siguieron las notificaciones de los 98 agentes represivos de Pinochet, procesados por el juez Víctor Montiglio -33 años después de los hechos- por el "secuestro permanente" de 42 de las 119 víctimas, de la Operación Colombo.Entre los procesados se encuentran ocho coroneles de Ejército, 23 suboficiales, 40 ex agentes y suboficiales de carabineros, detectives, miembros de la Fuerza Aérea y de la Armada, todos en retiro, además de un civil.

Comunicado de UNExde Chile 29 de Mayo 2008.

Mayo 2008 Con fecha 30 de Mayo 2008, a las 11:00 hrs. La Unión Ex Prisioneros Políticos de Chile (UNExPP) hará la presentación de la Quinta demanda Civil contra el Estado de Chile, por violaciones de los DD.HH. Con esta Demanda se pasará la suma de 3.000 demandantes que exigen el Respeto al Art.14 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. En esta ocasión se entregará una vez más una carta a la Presidenta exigiendo atender estas demandas y subsanar graves errores de la Ley Valech:

• Pensión debe ser compatible con cualquier otro beneficio;
• Ser hereditaria para viudas e hijos; Homologarse con la de otras victimas de violaciones de DD.HH. (no somos victimas de segunda clase);
• Eliminarse descuento del 7% de Fonasa;
• Becas de Estudio deben ser transferibles a hijos o nietos;
• Eliminación del Art.15 de dicha Ley a fin de terminar con la Impunidad entregada por Ricardo Lagos a los asesinos y torturadores.

Después de entregar la Demanda en los Tribunales de Justicia se pondrá una corona en el monumento a Salvador Allende y se realizará un pequeño y simbólico acto cultural para finalizar con la Entrega de la Carta a la Señora Presidenta.

José Vera O. Dirigente Nacional Unexpp - email: verachili@hotmail.com Rogamos difundir este comunicado

28 de Mayo de 2008 El caso de Derechos Humanos que persigue a Arturo Herrera. Enviado por Sara López Lazcano.

28 de Mayo de 2008 Habría ordenado modificar informe

El caso de Derechos Humanos que persigue a Arturo Herrera

Un nuevo reportaje sobre el director de Investigaciones y su labor policial en dictadura, volvió a poner en el tapete las supuestas presiones que Herrera habría ejercido para evitar el procesamiento del general de Ejército Miguel Trincado, sindicado como uno de los responsables de la exhumación de 26 cadáveres de ejecutados políticos. Detectives a cargo del caso aseguraron que los presionó para cambiar el informe donde concluían que Trincado tuvo participación en la llamada operación “Retiro de Televisores”.

Miguel Paz

Una nueva investigación, ahora del sitio web Ciper, sobre el historial del actual director de Investigaciones Arturo Herrera, y facetas desconocidas de su carrera en la institución durante la dictadura como ayudante de los generales directores de Investigaciones Ernesto Baeza y Fernando Paredes, sumó nuevos antecedentes a las acusaciones efectuadas por Hugo Chávez contra el candidato a dirigir Interpol.

El 16 de mayo pasado el presidente venezolano había dicho que “según información publica, que se puede leer en Internet, Herrera figura implicado en la operación 'Retiro de Televisores', de finales de 1975 o principios de 1976, ordenada por el general Pinochet, que consistió en violaciones a los derechos humanos". Según Chávez, el actual jefe policíaco "habría ordenado infructuosamente que se cambiara un informe técnico que señalaba al general Miguel Trincado Araneda de haber participado en la exhumación ilegal, destrucción y desaparecimiento de los restos de 26 fusilados en Calama después del golpe de Estado de 1973". Días más tarde Chávez se desdijo, a través de una misiva enviada a la cancillería chilena por su homologa venezolana, asegurando no haber contado con información “fidedigna”.

Sin embargo, según el subcomisario Abel Lizama, uno de los responsables de la investigación del caso junto al jefe de la Brigada Investigadora de Asuntos Especiales, Sandro Gaete, las presiones de Arturo Herrera sí existieron. Y comenzaron luego de que ambos detectives evacuaron un informe del 1 de julio de 2005 donde concluían que el general de Ejército Miguel Trincado, había sido uno de los miembros del grupo que destruyó los restos de ejecutados políticos en 1973 para borrar las huellas de los crímenes.

“Una vez ubicados los restos son cargados en un camión militar que conduce el propio capitán Trincado, acompañado por el sargento Manuel Aguirre, quienes trasladan los restos hasta el aeródromo de Calama siendo luego subidos a un avión de la Fuerza Aérea de Chile (…) fecha desde la cual se desconoce el paradero de esos restos humanos”, aseveraron los detectives en un párrafo de las conclusiones del informe dirigido al juez Víctor Montiglio, que luego los enfrentaría con el director de Investigaciones.

En las declaraciones que Lizama efectuó el 22 de enero de 2007 ante la jueza Rosa María Pinto, aseguró que Claudio Preller, jefe de gabinete del director de Investigaciones, habló con él y con su colega Sandro Gaete en noviembre de 2005 para pedirles que modificaran la parte del informe donde concluían que Trincado había tenido participación en la exhumación de cadáveres. "Respondí que yo había adquirido la convicción de que este oficial había participado en los hechos”, agregó Lizama quien al párrafo siguiente asegura que Preller también intentó presionar a su superior: “Al regresar a mi Unidad, comprobé que Gaete conversaba por teléfono con Preller y en los mismos términos, negándose a cambiar las conclusiones del informe (...)

Debo admitir que Preller transmitió una orden de su superior y así me lo expresó suponiendo que lo mismo se lo dijo a Gaete, pero creo que sabía que era irregular lo que pedía".

Además Lizama dio cuenta en su declaración de una reunión entre Trincado y Herrera, materia reconocida por el director de Investigaciones a un grupo de abogados de Derechos Humanos y familiares de víctimas, en diciembre de 2006, y relatada por el propio Trincado en un careo del 29 de enero de 2007 luego de que el suboficial de Ejército Manuel Segundo Aguirre asegurara que “Trincado había solicitado a un jefe de Investigaciones dejar nulo un informe en que aparecía que en 1973 y 1974 trabajaba como jefe de la Sección Segunda en Calama”.

Acusando “una nueva falsedad” de Aguirre, Trincado dio su peculiar versión del tema: “Lo que yo hice fue simplemente hacer una presentación formal el día 9 de noviembre de 2005, como persona natural, no como general, ante el Sr. Director de Investigaciones, para que me confirmara o descartara la existencia de un informe que se refería a mí y que me atribuye participación en los hechos señalados”.

A renglón seguido el cuestionado oficial aseguró conocer a Herrera en un plano profesional y dijo que nunca se han visitado. Sin embargo, al pedir una audiencia con la máxima autoridad policíaca y recibir de respuesta que Herrera se encontraba en su casa debido a una afección lumbar, Trincado insistió diciendo que se trata de “algo urgente” y consiguió algo raro para un ciudadano común y corriente: que el director de Investigaciones lo recibiera en su domicilio. Allí “le expresé la necesidad de conocer la veracidad o no veracidad del informe”, dijo. De acuerdo a Trincado, Herrera lo recibió a solas en el living de su casa y le contestó que debía hacer una presentación formal.

La entrevista duró “como 15 minutos”. “Ignoro lo ocurrido con posterioridad al jefe de la sección de Investigaciones que hizo el informe”, finalizó.