martes, 27 de mayo de 2008

Repudio a la represión ejercida por las fuerzas policiales el día 21 de Mayo. Enviado por Nilda Rojas

DECLARACION PUBLICA El Coordinador de Comisiones de Derechos Humanos de Quinta Región expresa su más enérgico repudio a la represión ejercida por las fuerzas policiales el día 21 de Mayo. Consideramos inaceptable y una flagrante violación a los derechos humanos que se irrumpiera en una manifestación pacifica y autorizada empleando elementos altamente tóxicos, utilizando caballos, golpeando a los manifestantes, deteniendo a 57 personas de manera absolutamente ilegal.
Además a los detenidos se les sometió a vejámenes al momento de llegar al tribunal: allí, personal de gendarmería los obligo a desnudarse para revisar sus partes intimas cumpliendo órdenes superiores.
Los antecedentes descritos nos confirma que la responsabilidad por estos hechos es de la autoridad política de la región que en los días previos al 21 de mayo creo un ambiente hostil hacia cualquiera organización social o política que planteara realizar actividades de denuncia o exigencia de sus demandas.
El derecho a la libre expresión y a la circulación de las personas es un derecho consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y nos parece inaceptable que quienes expresen sus legitimas demandas de manera pacifica sean considerados y tratados como delincuentes. Por ello exigimos que se legisle de manera tal de preservar estos derechos. Apoyamos y nos haremos parte de la iniciativa de ejercer acciones legales contra todos aquellos responsables de estos sucesos. COORDINADOR DE COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS V REGION Esmeralda 1107 oficina 18C - Valparaiso ddhh_vregion@yahoo.es

Woodward murió oficialmente a bordo de la esmeralda Por Javier Rebolledo / La Nación

ASÍ LO ESTABLECE LA BITÁCORA DEL BUQUE ESCUELA
Por Por Javier Rebolledo / La Nación
La investigación de la jueza Eliana Quezada revela detalles respecto al caso del sacerdote, torturado hasta morir en dependencias de la Marina. Los documentos señalan que fue sacado del buque escuela a las 12:30 del 22 de septiembre de 1973, media hora después de su fallecimiento. El último respiro de Miguel Woodward habría sido arriba de la Esmeralda y no camino al Hospital Naval, como aseguran los marinos que han testificado en el caso por la muerte del sacerdote anglo-chileno. Probablemente no querían que fuera un hombre de la Iglesia la primera y única víctima mortal a bordo de la "Dama Blanca". Pero el dato que así lo ratifica es la investigación judicial, realizada a partir de la propia bitácora del buque escuela. A 34 años de la muerte del religioso, las pesquisas lograron establecer que Woodward fue sacado del buque el 22 de septiembre a las 12:30 del día. Si a este dato se suma que el certificado de defunción señala que el deceso se produjo exactamente al mediodía, es lógico concluir que el religioso murió antes de llegar a tierra. En 2006, y luego de que la Armada le entregara una fotocopia de la bitácora de la Esmeralda, la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Eliana Quezada, a cargo de la investigación, citó a declarar a los dos guardiamarinas que dejaron inscrita la entrada y salida de Woodward desde el buque escuela. Se trata de los oficiales en retiro Thomas Ilich y Humberto Toro Santa María. Consultados por la jueza respecto de si conocían el motivo de la citación, ambos respondieron afirmativamente, según dijeron, porque ya habían sido entrevistados sobre el tema por el entonces auditor general de la Armada, el contraalmirante José Antonio Galván Bernabeu, quien se acogió a retiro en diciembre de 2006. Hace dos semanas, y citado a declarar por este motivo, Galván tuvo que dar explicaciones en los tribunales sobre las diligencias realizadas. Hace alrededor de un mes, el senador UDI Jorge Arancibia señaló mediante una carta que la investigación de la ministra era "oscura" y defendió a los procesados por el caso. Pero, pese a sus dichos que recibieron el apoyo de la bancada gremialista y le costaron una funa en el Congreso , prácticamente no quedan dudas de los aspectos fundamentales del caso Woodward. Incluso los propios procesados, en sus confesiones judiciales, echan por tierra la versión de Arancibia, como lo publicó LND hace dos semanas. Hoy, las pesquisas buscan aclarar la única arista del caso que no está totalmente despejada: quiénes y a qué hora detuvieron al sacerdote. Sólo se sabe que fue en la noche, probablemente el 20 de septiembre, en su casa del cerro Los Placeres, y que desde allí fue llevado a la Academia de Guerra, en Playa Ancha, donde sufrió torturas. En este lugar habría permanecido por lo menos tres días. TESTIMONIO CLAVE El principal testimonio de la causa, y que confirma los apremios que recibió Woodward en ese lugar, fue el capitán (R) de Carabineros Nelson López Cofré, quien fue miembro del equipo que interrogó al religioso. Según declaró López a la justicia, Woodward fue amarrado a una silla, golpeado e interrogado durante cerca de una hora por un grupo de 10 personas, entre las que se encontraban funcionarios de la Armada y Carabineros. En su declaración, el ex policía nombró a los procesados Juan Mackay Barriga y Ricardo Riesco Cornejo, ambos marinos, y a cinco carabineros, entre ellos el sargento (R) Jorge Leiva Cordero. El policía también dijo que el equipo de torturadores había utilizado una máquina que producía corriente y, si bien aseguró que no había participado en los apremios ilegítimos más allá de uno que otro golpe, detalló minuciosamente el tipo de cable y la caja de madera utilizados, así como las secciones del cuerpo del detenido donde "los otros" ponían la corriente. Otra declaración judicial en este caso de María Elena Gálvez Valdenegro, detenida en ese mismo recinto a partir del 18 de septiembre de 1973 da luces sobre el estado en que se hallaba Woodward en su paso por la Academia de Guerra. Gálvez dice que vio en el frontis del edificio a un hombre que los custodios identificaban como un "cura revolucionario que adiestraba universitarios en los cerros". Según su testimonio, se trataba de un hombre alto, de contextura delgada, que tenía la vista vendada, las manos atadas detrás de la espalda y estaba de pie y descalzo sobre una baldosa. Cuando perdía el equilibrio, sus carceleros lo hacían volver a su posición original a punta de violentos culatazos. LOS ÚLTIMOS MOMENTOS Tampoco está claro aún el motivo por el cual Woodward fue sacado de la Academia de Guerra y llevado, en pésimas condiciones físicas, a la Esmeralda, que estaba atracada en el molo de abrigo. Cuando la camioneta que lo transportaba llegó a ese lugar, de ella bajaron dos hombres vestidos con traje azul de mezclilla, encargados de su custodia. Ahí, según declaraciones del proceso, se produjo una fuerte discusión entre el comandante del buque escuela, el capitán de navío (R) Jorge Sabugo Silva, y su segundo en el mando, Eduardo Barison Roberts. Mientras este último insistía en que Woodward no debía subir al buque escuela, debido al pésimo estado en que se encontraba y a las heridas que lo hacían sangrar profusamente, Sabugo, quien hoy está muerto, señalaba lo contrario. Finalmente, el comandante del buque impuso su jerarquía y el sacerdote fue subido a bordo. En el proceso, sin embargo, se responsabiliza de la decisión al entonces jefe de Estado Mayor de la Primera Zona Naval, Guillermo Aldoney Hansen. Éste declaró que había recibido un llamado de Sabugo solicitándole aprobación para embarcar al detenido, y que le ordenó proceder debido a que el comandante del buque le aseguró que Woodward padecía una pulmonía. En su declaración judicial, Barison confirma las malas condiciones en que llegó el sacerdote. Y su testimonio es refrendado por la declaración de otro detenido durante esos días en el buque escuela, Jorge Basaude Sagredo. Según este último, cuando llegó prisionero al molo de abrigo, antes de que lo subieran a la nave, vio en dicho lugar a un hombre que, luego supo, era un sacerdote que trabajaba en el sector del cerro Los Placeres. El detenido, relata, estaba casi inconsciente, aunque logró exhalar un quejido agónico, y los dedos de sus manos estaban quebrados y de un color negruzco. El entonces marinero primero Lorenzo Felipe Rivas añade en el proceso que vio a tres o cuatro personas ajenas a la Esmeralda trasladar el cadáver de una persona, de cerca de 35 años, con una herida en la frente. Y señala que luego se enteró que se trataba de un sacerdote. Ahora los esfuerzos de la jueza Eliana Quezada están centrados en reconstruir los momentos que precedieron a la detención del sacerdote: dónde y a qué hora fue detenido, y también si fue llevado a otro sitio antes de la Academia de Guerra. Esos hallazgos no sólo podrían dar lugar a nuevos procesamientos. También permitirían cerrar uno de los casos más controvertidos de la dictadura. LA DECLARACIÓN DEL TERCER HOMBRE DE LA ARMADA El momento exacto de la muerte de Miguel Woodward no es la única novedad en la causa que sustancia la ministra Eliana Quezada. En abril de este año, la tercera antigüedad de la Armada, el vicealmirante Cristián Gantes Young, fue citado a declarar en la causa, debido a antecedentes que indican que él habría estado a bordo de la Esmeralda en los días en que murió Woodward. La pista principal fue una carta anónima que, a mediados de 2007, llegó simultáneamente a La Moneda, al Senado y al tribunal porteño. La misiva detalla, con un extremo grado de conocimiento, los nombres de cada uno de los altos oficiales que habrían permanecido en el buque escuela después del golpe de Estado. De todos ellos, sin duda el nombre más revelador es el de Gantes, actual director de Servicios de la Armada y el único de todos los oficiales mencionados que permanece en servicio activo. En su declaración ante la jueza Quezada, Gantes señala que permaneció en la Esmeralda justo hasta el 11 de septiembre, día en que se dio a conocer una resolución en la cual se transbordaba personal guardiamarina del buque escuela. “En mi caso fui transbordado al destructor Blanco Encalada (…). Desde ese momento me desentendí por completo del curso de instrucción del buque escuela Esmeralda”. Por ese entonces, Gantes estaba en pleno curso –bajo el mando del instructor de guardiamarinas Fernando Espinoza Simonetti–, y el 10 de septiembre, junto a una extensa dotación de oficiales, había llegado de vuelta del viaje anual por Europa. La Esmeralda partió a Talcahuano esa misma noche, pero se devolvió para estar el día del golpe absolutamente operativa en el molo de Valparaíso. La declaración de Gantes también señala que para alcanzar al Blanco Encalada, recalado en Talcahuano, “el día 12 de septiembre de 1973 debí dirigirme vía aérea hasta la señalada ciudad, donde abordo dicha nave y me integro a su dotación alrededor del mediodía”. Más adelante, el vicealmirante relata que, una vez a bordo del Blanco Encalada, el buque se dirigió a Valparaíso, donde llegó el 17 de septiembre, para zarpar al día siguiente a la isla Juan Fernández, desde donde volvió el 22. LND solicitó a la Dirección de Relaciones Públicas de la Armada la hoja de vida y la orden de trasbordo de Gantes, pero no hubo respuesta formal a este requerimiento. El martes, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, una de las partes querellantes en el caso, solicitó a la jueza que llame a declarar al instructor de Gantes, Fernando Espinoza Simonetti, y a otros tripulantes del buque escuela. LOS PROCESADOS En abril de este año, la ministra Eliana Quezada procesó a seis oficiales (R) de la Armada, en una resolución que, esencialmente, responde a la estructura jerárquica de la época. Cinco están encausados como autores de secuestro calificado: • El capitán de navío Ricardo Riesco Cornejo, quien habría sido uno de los jefes de los equipos de interrogadores –compuesto por infantes de Marina y carabineros– tanto en la Esmeralda como en la Academia de Guerra. A la cabeza del grupo se encontraba el fallecido Jorge Román. Según la declaración de Riesco, en los interrogatorios se aplicaba corriente para que los detenidos entregaran información. • Por sobre Riesco en la cadena de mando estaba Juan Mackay Barriga, quien era el jefe operativo, supervisaba interrogatorios y, además, rendía cuentas directamente al Servicio de Inteligencia de la Comandancia del Área Jurisdiccional de Seguridad Interior (SICAJSI). • Por sobre Mackay se encontraba el vicealmirante Sergio Barra von Kretschmann, jefe del SICAJSI. Barra se desempeñó más tarde en el Comando Conjunto y después llegó incluso a ser subdirector de la DINA. • Siguiendo la cadena de mando, el jefe de Estado Mayor de la Primera Zona Naval era el vicealmirante Guillermo Aldoney Hansen, encargado de dictar las normas a seguir al SICAJSI. Su superior y máxima jerarquía de la época era el vicealmirante Adolfo Walbaum Wieber, comandante de la Primera Zona Naval. • El único procesado como encubridor es el entonces teniente primero de Sanidad Carlos Costa Canessa, quien firmó el certificado de defunción de Woodward –donde señala que murió por un paro cardiorrespiratorio en la vía pública–, sin ver jamás el cuerpo del sacerdote. Publicado por ICAD-FRANCO/BELGA en 4:26 Etiquetas: ,

Después de 33 años de investigación en Chile. Procesan a 98 agentes de la policía secreta de Pinochet

CONDENADO. EL GENERAL (R) MANUEL CONTRERAS, EX JEFE DE LA DINA, EN ENERO DE 2005. ESTA PRESO DESDE ENTONCES. REUTERS
LATINOAMÉRICA Noticia de Yahoo argentina 27 de Mayo
[27/05/2008 05:52 ]
Son militares y civiles acusados por la "Operación Colombo", que encubrió el asesinato de 119 opositores al régimen en 1975·
Entre ellos está el encarcelado jefe de la DINA, Manuel Contreras.
Es la medida más masiva contra ex represores.
La Justicia chilena dictó ayer un histórico procesamiento contra 98 ex agentes militares y civiles de la DINA, la temible policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet, involucrados en una operación para encubrir el asesinato de 119 opositores al régimen militar en 1975.
La orden lanzada ayer por el juez Víctor Montiglio constituye la medida más masiva contra ex represores en Chile, donde unos 650 violadores de derechos humanos están hoy condenados o procesados por participar en más de 3.000 desapariciones y asesinatos contra opositores al régimen de Pinochet (1973-1990)."Este es un trabajo de 33 años del Poder Judicial", dijo el juez Montiglio, tras anunciar los procesamientos.
Los 98 procesados están involucrados en la "Operación Colombo", un plan de comunicación llevado a cabo por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en julio de 1975 para encubrir la desaparición de 119 detenidos --100 hombres y 19 mujeres--, la mayoría militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Mediante publicaciones en un diario y una revista desconocidos de Argentina y Brasil y en diarios chilenos afines, la DINA divulgó entonces las muertes de esas 119 personas y afirmó que fueron ajusticiadas por disputas internas entre miembros del MIR cuando estaban en el exterior. Sólo se halló un puñado de esos cuerpos.
Los asesinatos de los opositores detenidos en distintos lugares del país y algunos en el exterior habrían sido parte de la "Operación Cóndor" de colaboración entre los servicios secretos de las dictaduras del Cono Sur en los años 79 y 80.Según explicó el juez Montiglio en su dictamen, la "Operación Colombo" buscó montar en la prensa la versión de que grupos armados chilenos estaban reagrupándose en Argentina para derrocar a la dictadura de Pinochet.
El ministro de Justicia, Carlos Maldonado, dijo ayer a la prensa que se trató de una operación "especialmente siniestra no sólo porque significó un asesinato de numerosos opositores al régimen militar, sino que, además, de acciones de encubrimiento bastante repugnantes".
La investigación ordenada por el juez Montiglio determinó la responsabilidad en la matanza de la cúpula de la DINA y de un total de 98 ex agentes, de los cuales 44 eran miembros del Ejército y el resto de la Policía y de otras fuerzas de seguridad.
También hay entre ellos dos civiles.El juez acusó a los ex agentes del delito de secuestro calificado de 42 de esos 119 opositores desaparecidos en la "Operación Colombo", la mayoría militantes del MIR.
Entre los procesados, 16 están actualmente arrestados por otras casos de violaciones a los derechos humanos y fueron los primeros en ser notificados por Montiglio ayer. Entre ellos, figura el ex director de la DINA, el ex general Manuel Contreras, quien alguna vez reconoció el exterminio de cientos de opositores. También está en la lista el ex subdirector de la policía secreta, el ex brigadier Pedro Espinoza; el jefe de operaciones internacionales, Raúl Iturriaga; y el general César Manríquez, quien fue subsecretario de Guerra en el gobierno de Pinochet.Hoy serán notificados los otros 82 procesados, que quedarán detenidos preventivamente en recintos militares y policiales.
No se descarta que algunos no se presenten para ser notificados, y en ese caso serán buscados por la Policía.
El abogado de derechos humanos del Ministerio del Interior chileno, Boris Paredes, remarcó que el fallo muestra "el compromiso con los derechos humanos" del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, una ex presa política.Paredes señaló que "el actuar criminal de la DINA era enorme. Una investigación acuciosa tiene que demostrar esa realidad".
A su vez, la vocera de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Mireya García, calificó la resolución como "un paso extraordinariamente positivo a favor de la justicia". Afirmó que es "un ejemplo", pero advirtió que aún "quedan muchos otros casos" por ser esclarecidos.
En tanto, el abogado Jorge Balmaceda, defensor del encarcelado Pedro Espinoza, calificó de "ficción jurídica" el procesamiento de su representado por el delito de secuestro calificado."Ese delito no existe.
Todo el mundo sabe que estas personas dejaron de existir hace mucho tiempo y que el proceso va a llegar a la Corte Suprema", declaró.
Fuente: 27 de mayo de 2008 (Clarín- MR)

¿Habrá llegado el momento de conocer la verdad ?.Por Aminie Calderón Tapia.

Aminie y Mario 1959
Es la pregunta que nos asaltó cuando nos hemos enterado por la prensa que se abrirá el proceso para los responsables de la desaparición de mi hermano.
Inmediatamente nos planteamos de partir a Chile para estar presentes en el momento preciso en que se les interrogue.
Escucharé algun día ¿cómo y dónde ?, el nombre y los nombres de los que apretaron el gatillo frente aun hombre indefenso. Cobardes, asesinos…
¿Tendré la oportunidad de mirarlos fijamente y escudriñar cada espacio de sus rostros ?. Y por sobre todo…
¿ Podré algun día dirigirme hacia un lugar preciso y poder decirte cada vez que vuelva sobre mis pasos, « aquí estás, que nunca te hemos olvidado y que fuiste , has sido y serás la luz que brilla con luz propia, que me iluminaba durante la noche oscura que cubrió nuestra tierra y que continúa guiándome » .
Aquí estoy, soy tu voz
Aquí voy, soy tus pasos
Aquí doy,soy tu coraje.
Allá estaré, seré tu memoria….
Aminie Calderón Tapia . Tu hermana y camarada.

Notificados de "Operación Colombo" irán a Punta Peuco.

Fuente/ http://www.radio.uchile.cl/notas.aspx?idNota=45345 CHILE: NOTIFICADOS DE "OPERACIÓN COLOMBO"
IRÁN A PUNTA PEUCO, DICE MINISTRO
Publicado el 26 May 2008
Al penal de Punta Peuco y Santiago I serán trasladadas las 98 personas, entre militares y civiles, que serán notificados por el juez Víctor Montiglio, por su presunta participación en la llamada Operación Colombo, denunciada como una maniobra comunicacional de inteligencia de la DINA en los primeros años del régimen militar, para encubrir la desaparición de opositores al gobierno.
Así lo informó hoy el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, luego de participar en el comité político de La Moneda, que fue encabezado por la Presidenta Michelle Bachelet.
"Las primeras personas que recibamos en condición de detenidos van a ir ingresando al penal de Punta Peuco, que está especialmente destinado a personas que están procesadas o condenadas por violaciones a los derechos humanos y que tienen la calidad de ex uniformados", explicó Maldonado.
Maldonado dijo que probablemente, debido a la gran cantidad de personas que serán notificadas, se exceda la capacidad de Punta Peuco "y haya algún número de ellas que tengan que ir a Santiago I".
Esta última opción, según Maldonado, es "perfectamente" válida, ya que es una unidad penal de similares características a Punta Peuco en cuanto a seguridad.
El titular de Justicia recordó que los procesados tendrán derecho a pedir su libertad provisional, ya que este proceso de enmarca en el antiguo sistema judicial, "entonces probablemente así como es una situación masiva, uno puede estimar responsablemente que también es una situación transitoria".
NOTIFICACIÓN DE JUEZ
El juez Víctor Montiglio inició hoy la notificación a 98 personas, entre militares y civiles, por su presunta participación en la llamada Operación Colombo, denunciada como una maniobra comunicacional de inteligencia de la DINA en los primeros del régimen militar para encubrir la desaparición de opositores al gobierno.
Los primeros notificados fueron los altos dirigentes de la cúpula de la DINA que cumplen actualmente condena por delitos de lesa humanidad.
Según adelantaron fuentes judiciales, se trata de 40 ex miembros del Ejército, 30 ex Carabineros, 10 ex policías civiles, dos ex marinos además de ex miembros de la Fuerza Aérea de Chile y civiles, e incluso los porteros de los centros de detención de la DINA.
Las notificaciones se realizarían a partir de este martes en circunstancias que aún no han sido detalladas.
Según el Informe Rettig, el plan -también conocido como las listas de los 119- consistió en una "acción de desinformación" atribuida al organismo de inteligencia para explicar el destino de detenidos desaparecidos, dando cuenta de su muerte en enfrentamientos entre ellos supuestamente en Argentina y otros.
La maniobra comunicacional -añade el documento- culminó con la publicación de dos listas con los nombres de 119 chilenos desaparecidos en la revista argentina "Lea", en un número único, y en el diario brasileño "Novo O Dia", de aparición ocasional en Curitiba.
Por la Operación Colombo están procesados ex jefes y agentes de la Dina, entre ellos los generales (r) Manuel Contreras y César Manríquez (ex subsecretario de Guerra), y el brigadier (r) Pedro Espinoza, por el secuestro calificado de 47 personas, la mayoría de ellos militantes del MIR.
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