"Glorias navales" de asesinos y torturadores de la Marina Chilena
La noche de la Armada Por: Tito Tricot*
Fue tan abrumador el silencio nocturno, que le entró por la garganta, haciéndole estallar el corazón en un galope insoportable.
Así un día cualquiera desapareció Miguel, sumergiéndose, acaso para siempre, en la bruma costeña. Allí se encontró con otros como él cuyo único sueño era tener una cascada de gorriones y ruiseñores para bañarse cualquier día sin pedirle permiso a nadie.
No sé, ser un poco menos pobres y un poco más felices.
Entonces, no les hablen ahora del Mes del Mar ni de las Glorias Navales, pues éstos se tiñeron para siempre de la vergüenza de una Armada que torturó y asesinó en los tiempos de su única gloria: la del poder absoluto. Sin embargo, por las fisuras del miedo asomaba eterna la esperanza de que algún día todo cambiaría.
Y así fue, por ello hoy se encuentran procesados seis altos oficiales de la Armada y, a pesar de los abyectos esfuerzos del senador Jorge Arancibia y de otros nostálgicos de la muerte por demostrar su inexistente inocencia, la ministra Eliana Quezada ha establecido fehacientemente que la Academia de Guerra Naval, el Cuartel Silva Palma, el Buque Escuela Esmeralda y el buque Lebu fueron utilizados como centros de detención y tortura donde, “a fin de obtener información, los capturados eras sometidos a múltiples sesiones de interrogatorio con aplicación de tormento físico y psíquico de variada índole”. Asimismo, se sostiene que, como acaecía en esa época, se verificaba el seguimiento de las victimas que terminaba en secuestro.
Por lo mismo, declaró reos a los Vicealmirantes (R) Adolfo Walbaum Wieber; Guillermo Aldoney Hansen y Juan Mackay Barriga; a los capitanes de navío (R) Sergio Barra Von Kretschmann y Ricardo Riesco Cornejo, así como al Dr. Carlos Costa Canessa por el delito de secuestro calificado en el caso del sacerdote Miguel Woodward.
La información recabada por la jueza, incluidas las declaraciones de los propios procesados, constituyen testimonio irredarguible de la responsabilidad de los mencionados oficiales en el crimen que se investiga. No obstante lo anterior, se ha iniciado una ofensiva comunicacional por parte del ex almirante Jorge Arancibia la cual busca revertir la supuesta injusticia que “se está cometiendo con nuestros distinguidos camaradas que, en forma estoica, están enfrentado esta situación, pero con un profundo sentimiento de impotencia”.
Es lo que señala en un documento donde, además, critica a la “Familia Naval” por su falta de reacción ante lo sucedido. Su accionar ha tenido poca repercusión aparente, excepto la reaparición en Valparaíso de un reducido número de miembros del Movimiento Unitario Nacional-MUNA, en la ceremonia de despedida de un nuevo crucero de instrucción de la Esmeralda.
Cabe señalar que el MUNA es un partido en formación que considera al golpe militar como una “gesta patriótica, libertadora y restauradora de nuestra patria”, por lo que no puede sorprender que hoy sostengan que sus familiares se encuentran presos por “servir a Chile”; menos aún si uno de sus fundadores y primer presidente fue el almirante Jorge Martinez Busch, iracundo e irredento golpista.
Asimismo, lectores del diario El Mercurio han manifestado su apoyo a los uniformados presos y proferido veladas amenazas al señalar, por ejemplo, que al parecer “la solución de estas injusticias no va por el lado de los reclamos ni por el de las presiones, ni tampoco por el de la justicia”… “el consuelo es que, el mundo gira y siempre las tortillas se dan vuelta” para, finalmente, expresar que “voluntaria o involuntariamente el sacerdote Woodward debió encontrarse en el lugar inoportuno, en el momento inoportuno…”
Y claro que estuvo en varios lugares equivocados, pero no voluntariamente, sino que a la fuerza, toda vez que fue detenido por una patrulla de Infantes de Marina en el cerro Placeres, conducido a la Universidad Santa María, a la Academia de Guerra, al Cuartel Silva Palma, a la Esmeralda y, finalmente, al Hospital Naval donde se pierde definitivamente su rastro.
Aunque, en todo caso, se sabe que un funcionario del servicio funerario de la Armada acude al Registro Civil del puerto para inscribir su defunción, existiendo también una inscripción en el Registro de Sepultación del Cementerio Nº 3 de Playa Ancha.
En dicha necrópolis se realizaron excavaciones para intentar encontrar los restos de Woodward, sin embargo, éstas fueron infructuosas, pues, al parecer, dichas osamentas habrían sido removidas clandestinamente hace años, tal vez en la misma época en que el general Pinochet dio la orden para llevar a cabo la operación “Remoción de televisores” para exhumar cadáveres de prisioneros asesinados y desaparecidos por la dictadura para volverlos a hacer desaparecer.
¿Hay algo más siniestro que esto?
¿Hay algo más cruel que matar dos veces?
El ex almirante Miguel Ángel Vergara, en una misa en apoyo a los oficiales presos realizada en Viña del Mar, expresó que: “me violenta que distinguidos oficiales se encuentren detenidos”. Pero, ni una sola palabra acerca de los torturados, las mujeres violadas, los gritos eternos en medio de la noche: la noche de la Armada.
Torturas y asesinatos
Y la noche de la Armada se entronizó en la Academia de Guerra Naval por donde, a pesar de las reiteradas negativas y declaraciones de inocencia de los altos mandos a través de los años, pasaron millares de prisioneros políticos, todos torturados física y psicológicamente.
Entre ellos estuvo Miguel Woodward quien, de acuerdo a testimonios de carabineros asignados a la Academia, fue torturado inmisericordemente.
El teniente (R) de carabineros, Nelson López Cofré, señala que se enteró de la detención y presencia de Woodward en la Academia y asistió al interrogatorio llevada cabo por personal de la Armada.
Se encontraba en el cuarto piso del edificio, “encapuchado, sentado en una silla, atado de manos y frente a él, el principal interrogador Jaime Román Figueroa, junto a gente de la Armada”. Además de Román, se hallaban presentes Juan Mackay Barriga, Sergio Bidart Ramirez y Ricardo Riesco Cornejo, todos oficiales de la Armada; asimismo, el subteniente de carabineros Angel Lorca Fuenzalida, los tenientes Luis Araya Maureira y Enrique Corrales y, posiblemente, el capitán Héctor Tapia Olivares y los suboficiales Eduardo Vergara Branner y Jorge Leiva Cordero.
“Varios de los nombrados le daban golpes de puño” en una sesión de tortura que se prolongó por más de una hora. Como consecuencia de lo anterior, concluye la jueza Quezada, “luego de un fuerte interrogatorio y aplicación de tormentos, Woodward es llevado en grave estado de salud hasta el buque escuela Esmeralda, nave que la marina había destinado como centro de detención e interrogatorio”. Desde allí es trasladado el Hospital Naval donde “se pierde su rastro físicamente”.
Lo anterior desmiente categóricamente las aseveraciones del senador Arancibia quien, basado en lo que le contaron sus ex camaradas de armas, dice que son inocentes, señalando que eran sólo analistas y que jamás cumplieron funciones operativas.
Los casos de Mackay y Riesco son particularmente sintomáticos, puesto que diversas declaraciones de terceros – y en el caso de Riesco, también la propia – los ubican como miembros importantes del aparato represivo de la Armada.
El cabo de carabineros Jorge Leiva, partícipe del interrogatorio de Woodward, fue destinado a la Academia donde Carabineros tenía una oficina a cargo del oficial de enlace con la Armada, comandante Héctor Trobok. Allí recibían órdenes directas del capitán de corbeta Juan Mackay, con el objetivo de detener opositores a la dictadura quienes eran trasladados al buque mercante Lebu.
“Luego de haber sido detenida una gran cantidad de personas – declara Leiva – el capitán de corbeta Mackay ordenó trasladar a algunos detenidos hasta el buque Escuela Esmeralda”.
En ese lugar, personal de la Armada, del ejército, carabineros e investigaciones, todos vestidos de civil, procedían a la interrogación de los detenidos, con torturas, entre éstas, la aplicación de electricidad.
Acorde a Leiva, carabineros sólo utilizaba presión psicológica, además de dar “un golpe menor en el estómago para ablandarlos”. De acuerdo a Riesco, el tampoco torturaba, pues sólo tenía a cargo la custodia de los prisioneros, quienes “eran interrogados al interior del Buque Escuela, específicamente en la cámara o comedores de los guardiamarinas, por un grupo de personas externas a la nave que llegaban vestidos de civil y que estaban a cargo del capitán de fragata Jaime Román”.
También se hallaban en la Esmeralda el subteniente Rafael Mackay, sobrino del almirante actualmente detenido, y, entre otros, los oficiales Adolfo Carrasco, Jorge Sabugo, comandante de la Esmeralda; Eduardo Barison, segundo comandante; Hernan Middleton; Gabriel Campos y Sergio Espinoza Simonetti. Middleton por mucho tiempo negó haber estado en la Esmeralda, sin embargo es sindicado por un oficial que compartió con él en esa época como uno de los torturadores.
En la actualidad es gerente general de Antarctic Shipping S.A. una compañía naviera que invirtió 6 millones de dólares en la reconversión de la motonave Piloto Pardo para realizar turismo en la Antártica.
Mario Kreutzberger, el conocido “Don Francisco”, es uno de los socios de la empresa. Por otra parte, la misma fuente que menciona a Middleton como torturador, sostiene que Espinoza fue el artífice de la tortura en la Esmeralda, además de afirmar que es un hecho indesmentible que el actual vicealmirante Cristián Gantes, tercera antigüedad de la Armada, se encontraba en el buque con posterioridad al golpe militar.
Es decir, cuando los prisioneros eran torturados. Lo que queda meridianamente claro es que, a pesar de las sistemáticas negativas de la Armada, en la Esmeralda se torturó a decenas de hombres y mujeres inermes, como también que se configuró una estructura represiva jerárquica donde Juan Mackay y Ricardo Riesco eran operativos y no simples analistas o empleados administrativos que, por lo demás, es lo que arguyen todos los integrantes de los organismos represivos cuando son detenidos.
De hecho, Riesco, teniente de infantería de marina y quien se retiraría con el grado de capitán de navío, realizaba detenciones en la zona e incluso en Santiago, con la chapa de “Alfonso”.
Los detenidos, según propia confesión, eran llevados a la Academia de Guerra Naval y al Cuartel Silva Palma donde se efectuaban los interrogatorios, “específicamente en unas casetas que fueron habilitadas para tales efectos por un grupo de infantes de marina que estaban a mi cargo”.
Entre ellos se puede mencionar a los comandos Manuel Leiva, Juan Reyes. Francisco Lagos, Jaime Lazo, Bertalino Castillo, Juan Jonquera y Alejo Esparz, Francisco Prado, Miguel Concha. Según afirma el suboficial mayor ( R ) de la Armada, Valentín RiquelmeVillalobos , se encontraban todos al mando del capitán de fragata IM Hernán Soto Aguilar.
Asimismo, los interrogatorios eran habitualmente “presenciados y supervigilados por oficiales de la Armada…entre los que puedo mencionar al capitán de fragata Juan Mackay, al teniente infante de marina Ricardo Riesco y al teniente Rafael Mackay…”
Además de los oficiales mencionados, el vicealmirante Guillermo Aldoney también tuvo activa participación en la represión post-golpe en la región, toda vez que era éste quien entregaba las ordenes para los distintos grupos operativos existentes.
En el caso concreto de Miguel Woodward, Aldoney admitió que supo de la presencia del sacerdote en la Esmeralda y sostiene que fue él quien ordenó su traslado al Hospital Naval. Dijo que su muerte fue un accidente y que al interrogador se "le habría pasado la mano".
A pesar de lo anterior, nunca se realizó una investigación interna al respecto. Por su parte, todo indica que el capitán de navío (R) Sergio Barra, es pieza clave en todo el aparato represivo de la Armada, puesto que era director de la Academia de Guerra y, al mismo tiempo, jefe del Servicio de Inteligencia de la Comandancia del Área Jurisdiccional de Seguridad Interior (SICAJSI) que dependía directamente del comandante en jefe de la primera zona naval, es decir de Adolfo Walbaum.
Todas las órdenes de detención eran firmadas por Barra y fue éste último el que ordenó a Riesco desarrollar labores operativas, tales como allanamientos y detenciones, entre otras.
El caso de Barra es peculiarmente siniestro, pues no sólo “prestó servicios” en la Academia, principal centro de detención, tortura y exterminio de la Armada, sino que también en el Comando Conjunto y en la DINA, donde llegó a ser el segundo hombre en importancia. En otras palabras, no es cierto lo que ha sostenido sistemáticamente la Armada: que sus hombres no participaron en la represión o que, si hubo algo, fue solamente en los días posteriores al 11 de septiembre de 1973 producto de la situación excepcional que se vivía.
Nada de eso es cierto, porque la Armada reprimió a los chilenos antes, durante y después del golpe militar.
Juicio a la Armada
Con anterioridad al golpe, la marina detuvo y torturó a más de un centenar de marineros constitucionalistas que tuvieron el coraje de denunciar la conspiración de la oficialidad de la Armada contra el gobierno de la Unidad Popular.
Ricardo Alberto Tobar Toledo, cabo 2do, destinado en la Escuela de Armamentos de Las Salinas, en Viña del Mar, fue torturado “con el denominado teléfono, a patadas, culatazos, ensartado con yatagán bajo los omóplatos, y con golpes diversos, con diferentes objetos. Después de varios días de tortura, incluyendo simulacro de fusilamiento, fui trasladado al cuartel Silva Palma”. Los torturadores fueron todos oficiales de la Armada: Jorge Davanzo, capitán de fragata; Rafael González y Carlos Cárdenas, capitanes de corbeta y los tenientes Braulio Villarroel y Oscar Rodríguez.
En otras palabras, la Armada infligió y practicó en su propio personal las torturas que posteriormente masificaría en la región. No sólo eso, sino que la Armada proporcionó explosivos e instruyó a miembros de Patria y Libertad para llevar a cabo sus acciones terroristas. Asimismo, de acuerdo a diversas fuentes – incluido el recientemente publicado libro “Los que dijeron No”, de Jorge Magasich – con antelación al golpe, el entonces Capitán Guillermo Aldoney, Jefe del Estado Mayor de la I Zona Naval, tuvo la responsabilidad de elaborar un plan de contra-insurgencia que dividía a Valparaíso en siete sectores y que, sin duda, fue utilizado para implementar los operativos en septiembre del 73, todo lo cual posibilitó el temprano copamiento de la ciudad por parte de la Armada. Además, facilitó la estructuración de un sistema represivo que torturó, violó, asesinó e hizo desaparecer personas impunemente.
Al menos hasta hoy en que en un “acto de valentía” – como dice Tobar – la jueza Quezada ha comenzado a hacer justicia y, al parecer, “se quiere llegar al fondo de las violaciones a los derechos humanos cometidas por la Armada”. Claro, porque la aclaración del secuestro, tortura y desaparición de Miguel Woodward, es sólo la punta del iceberg de una trama de horror urdida desde los Altos Mandos de la Armada y en la que participaron civiles y uniformados.
Incluidos doctores, como Carlos Costa Canessa quien, según propio testimonio, nunca conoció al sacerdote “ni vi su cadáver, pues…sólo certifiqué el cadáver de una persona que presentaba un traumatismo craneano, pero en ningún caso ese cuerpo correspondía al ex sacerdote, pues no estaba identificado.” Esto desmiente, sin duda, lo afirmado por el ex almirante Arancibia que dice qué Costa si vio el cuerpo de Woodward y, simultáneamente, refrenda la tesis de la ministra Quezada de que el médico que se desempeñaba en el Hospital Naval extendió un certificado de defunción sin ver cadáver alguno.
Menos aún pudo ver su corazón de hombre bueno que ha resurgido desde las profundidades oceánicas en un fárrago de luciérnagas para alumbrar este paisito del fin del mundo desprovisto de memoria. Por Miguel y por tantos otros caídos, no nos hablen del Mes del Mar ni de las Glorias Navales.
*Sociólogo - Director Centro de Estudios Interculturales ILWEN CHILE
30 de Mayo 2008
La Corte de Apelaciones revisaría este sábado los antecedentes expuestos por los encausados, quienes esperan que a través de este recurso se les revoque los procesamientos a ellos y los demás imputados.
Cinco encausados en la investigación de la causa denominada Operación Colombo presentaron ayer a la Corte de Apelaciones un recurso de amparo por la forma en que fueron notificados, acusando que se vulneró el debido proceso y se les detuvo de manera ilegal.
Eso último lo fundamentan en que al momento de ponerse a disposición de la justicia no se les entregó copia del auto de procesamiento, por lo que no saben en detalle los cargos que se les imputa y por cuales de las 119 víctimas que abarca esta indagatoria.
El abogado Juan Carlos Manns señaló que algunos de sus clientes no han recibido información alguna y "sin embargo han sido compelidos a firmar la notificación sin habérsele entregado ningún documento base para poder informarse de los cargos que se les imputa. Situación que altera el debido proceso de derecho, especialmente el derecho a la defensa para poder impugnar ese auto de procesamiento".
LOS PROCESADOS
El jurista representa al brigadier (R) Fernando Lauriani Maturana, coronel (R) Francisco Ferrer Lima, los suboficiales (R) Nelson Paz Bustamante, Jaime Paris Ramos y Raúl Soto Pérez. Los dos primeros se encuentran recluidos cumpliendo condena en la cárcel de Punta Peuco, pero los otros tres según relata Manns- fueron aprehendidos en su notificación y han permanecido en prisión preventiva sin saber bien el por qué de ésta.
En el documento se señala que lo grave es que cuando han querido acceder a los fundamentos de la resolución del ministro de fuero que instruye la causa, Víctor Montiglio, se les ha negado y que se les ha informado a los abogados que soliciten la información en el tribunal a través de un "pendrive".
El líbelo además critica que la publicidad de un proceso penal "no es por la prensa sino en medio de un proceso, la formalización del mismo debe hacerse como un testimonio en que se hayan detallado las responsabilidades individuales y no corporativas". El recurso se revisaría este sábado previo informe del juez.
AUTOCRÍTICA
En otro ámbito, el vocero de Gobierno, Francisco Vidal, en la presentación del libro "Medios de
comunicación. El escenario iberoamericano" hizo un llamado a que los dueños de la prensa del país hagan una "autocrítica" de su labor durante el régimen militar. "Hay un estamento en Chile que nunca dijo que se equivocó" señaló.
Acto seguido cuestionó la postura de algunos medios preguntándose "¿Por qué no piden perdón por haber hablado de los presuntos detenidos desaparecidos? ¿Por qué no piden perdón por ayudar a montar enfrentamientos falsos acreditados por la justicia?".
Finalmente el vocero de Gobierno indicó que el plazo para esto último había vencido el mismo día en que se dictaron los 98 procesamientos.
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