Comunicado de UNExde Chile 29 de Mayo 2008.

Mayo 2008 Con fecha 30 de Mayo 2008, a las 11:00 hrs. La Unión Ex Prisioneros Políticos de Chile (UNExPP) hará la presentación de la Quinta demanda Civil contra el Estado de Chile, por violaciones de los DD.HH. Con esta Demanda se pasará la suma de 3.000 demandantes que exigen el Respeto al Art.14 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. En esta ocasión se entregará una vez más una carta a la Presidenta exigiendo atender estas demandas y subsanar graves errores de la Ley Valech:

• Pensión debe ser compatible con cualquier otro beneficio;
• Ser hereditaria para viudas e hijos; Homologarse con la de otras victimas de violaciones de DD.HH. (no somos victimas de segunda clase);
• Eliminarse descuento del 7% de Fonasa;
• Becas de Estudio deben ser transferibles a hijos o nietos;
• Eliminación del Art.15 de dicha Ley a fin de terminar con la Impunidad entregada por Ricardo Lagos a los asesinos y torturadores.

Después de entregar la Demanda en los Tribunales de Justicia se pondrá una corona en el monumento a Salvador Allende y se realizará un pequeño y simbólico acto cultural para finalizar con la Entrega de la Carta a la Señora Presidenta.

José Vera O. Dirigente Nacional Unexpp - email: verachili@hotmail.com Rogamos difundir este comunicado

28 de Mayo de 2008 El caso de Derechos Humanos que persigue a Arturo Herrera. Enviado por Sara López Lazcano.

28 de Mayo de 2008 Habría ordenado modificar informe

El caso de Derechos Humanos que persigue a Arturo Herrera

Un nuevo reportaje sobre el director de Investigaciones y su labor policial en dictadura, volvió a poner en el tapete las supuestas presiones que Herrera habría ejercido para evitar el procesamiento del general de Ejército Miguel Trincado, sindicado como uno de los responsables de la exhumación de 26 cadáveres de ejecutados políticos. Detectives a cargo del caso aseguraron que los presionó para cambiar el informe donde concluían que Trincado tuvo participación en la llamada operación “Retiro de Televisores”.

Miguel Paz

Una nueva investigación, ahora del sitio web Ciper, sobre el historial del actual director de Investigaciones Arturo Herrera, y facetas desconocidas de su carrera en la institución durante la dictadura como ayudante de los generales directores de Investigaciones Ernesto Baeza y Fernando Paredes, sumó nuevos antecedentes a las acusaciones efectuadas por Hugo Chávez contra el candidato a dirigir Interpol.

El 16 de mayo pasado el presidente venezolano había dicho que “según información publica, que se puede leer en Internet, Herrera figura implicado en la operación 'Retiro de Televisores', de finales de 1975 o principios de 1976, ordenada por el general Pinochet, que consistió en violaciones a los derechos humanos". Según Chávez, el actual jefe policíaco "habría ordenado infructuosamente que se cambiara un informe técnico que señalaba al general Miguel Trincado Araneda de haber participado en la exhumación ilegal, destrucción y desaparecimiento de los restos de 26 fusilados en Calama después del golpe de Estado de 1973". Días más tarde Chávez se desdijo, a través de una misiva enviada a la cancillería chilena por su homologa venezolana, asegurando no haber contado con información “fidedigna”.

Sin embargo, según el subcomisario Abel Lizama, uno de los responsables de la investigación del caso junto al jefe de la Brigada Investigadora de Asuntos Especiales, Sandro Gaete, las presiones de Arturo Herrera sí existieron. Y comenzaron luego de que ambos detectives evacuaron un informe del 1 de julio de 2005 donde concluían que el general de Ejército Miguel Trincado, había sido uno de los miembros del grupo que destruyó los restos de ejecutados políticos en 1973 para borrar las huellas de los crímenes.

“Una vez ubicados los restos son cargados en un camión militar que conduce el propio capitán Trincado, acompañado por el sargento Manuel Aguirre, quienes trasladan los restos hasta el aeródromo de Calama siendo luego subidos a un avión de la Fuerza Aérea de Chile (…) fecha desde la cual se desconoce el paradero de esos restos humanos”, aseveraron los detectives en un párrafo de las conclusiones del informe dirigido al juez Víctor Montiglio, que luego los enfrentaría con el director de Investigaciones.

En las declaraciones que Lizama efectuó el 22 de enero de 2007 ante la jueza Rosa María Pinto, aseguró que Claudio Preller, jefe de gabinete del director de Investigaciones, habló con él y con su colega Sandro Gaete en noviembre de 2005 para pedirles que modificaran la parte del informe donde concluían que Trincado había tenido participación en la exhumación de cadáveres. "Respondí que yo había adquirido la convicción de que este oficial había participado en los hechos”, agregó Lizama quien al párrafo siguiente asegura que Preller también intentó presionar a su superior: “Al regresar a mi Unidad, comprobé que Gaete conversaba por teléfono con Preller y en los mismos términos, negándose a cambiar las conclusiones del informe (...)

Debo admitir que Preller transmitió una orden de su superior y así me lo expresó suponiendo que lo mismo se lo dijo a Gaete, pero creo que sabía que era irregular lo que pedía".

Además Lizama dio cuenta en su declaración de una reunión entre Trincado y Herrera, materia reconocida por el director de Investigaciones a un grupo de abogados de Derechos Humanos y familiares de víctimas, en diciembre de 2006, y relatada por el propio Trincado en un careo del 29 de enero de 2007 luego de que el suboficial de Ejército Manuel Segundo Aguirre asegurara que “Trincado había solicitado a un jefe de Investigaciones dejar nulo un informe en que aparecía que en 1973 y 1974 trabajaba como jefe de la Sección Segunda en Calama”.

Acusando “una nueva falsedad” de Aguirre, Trincado dio su peculiar versión del tema: “Lo que yo hice fue simplemente hacer una presentación formal el día 9 de noviembre de 2005, como persona natural, no como general, ante el Sr. Director de Investigaciones, para que me confirmara o descartara la existencia de un informe que se refería a mí y que me atribuye participación en los hechos señalados”.

A renglón seguido el cuestionado oficial aseguró conocer a Herrera en un plano profesional y dijo que nunca se han visitado. Sin embargo, al pedir una audiencia con la máxima autoridad policíaca y recibir de respuesta que Herrera se encontraba en su casa debido a una afección lumbar, Trincado insistió diciendo que se trata de “algo urgente” y consiguió algo raro para un ciudadano común y corriente: que el director de Investigaciones lo recibiera en su domicilio. Allí “le expresé la necesidad de conocer la veracidad o no veracidad del informe”, dijo. De acuerdo a Trincado, Herrera lo recibió a solas en el living de su casa y le contestó que debía hacer una presentación formal.

La entrevista duró “como 15 minutos”. “Ignoro lo ocurrido con posterioridad al jefe de la sección de Investigaciones que hizo el informe”, finalizó.

Derechos humanos por Argenpress

Derechos humanos Chile Destacan el masivo procesamiento a represores de la dictadura pinochetista Fecha publicación: 27/05/2008 Tema: Situación en Chile<País/es: Chile El gobierno chileno destacó hoy la importancia del procesamiento a 98 represores de la pasada dictadura militar por la desaparición de 119 militantes de partidos de izquierda, en la denominada 'Operación Colombo'.Para el abogado querellante del programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior de Chile, Boris Paredes, 'el actuar criminal de la DINA (Dirección Nacional de Inteligencia) era enorme. 'Una investigación acuciosa tiene que demostrar esa realidad y el compromiso del gobierno (de entonces) con estas violaciones a los derechos humanos, por eso no nos sorprende desde este punto de vista' , comentó.El juez Víctor Montiglio sometió a juicio al casi centenar de agentes de la DINA, la policía secreta de la dictadura militar (1973- 1990), acusándolos del secuestro, torturas, desaparición y encubrimiento del crimen de 119 disidentes del régimen militar en 1975. La medida es la más amplia en términos del número de procesados, en su mayoría militares, dentro de la serie de juicios por violaciones a los derechos humanos que se siguen en el país a represores y que tiene a más de un centenar de ellos en prisión.Para el ministro chileno de Justicia, Carlos Maldonado, el proceso llevado a cabo por Montiglio ha revelado la ayuda prestada por civiles a la DINA, en una operación que el secretario de estado no dudo en calificar de siniestra. 'El magistrado considera que hay un número importante de personas responsables en una operación siniestra, no sólo porque significó el asesinato de numerosos opositores al régimen militar, sino además acciones de encubrimiento repugnantes', dijo.Maldonado aludió así al proceso de encubrimiento utlizado por los represores en este caso, que consistió en la aparición por única vez de dos números de dos revistas, una en Argentinas ('Lea') y otra en Brasil ('O'dia'), que registraban la muerte de los opositores.Las publicaciones dijeron en 1975 que, producto de purgas internas, fueron asesinados 119 militantes de izquierda por sus propios compañeros, lo que finalmente resultó ser una maniobra para ocultar los crímenes. Dentro de los procesos, resalta el caso de Samuel Fuenzalida Hevia, un conscripto del Ejército que fue guardia de distintos lugares de detención y tortura, pero que entregó valiosos antecedentes desde la apertura del caso, por el juez Juan Guzmán Tapia. Ante la paradójica situación, el obispo luterano Helmut Frenz presentó un recurso de amparo preventivo por Fuenzalida, que según el abogado Vladimir González significa que 'no sea privado de libertad ni un sólo día', por su ayuda en el proceso.

Repercusión internacional de la sanción ética de periodistas.

Repercusión internacional de la sanción ética de periodistas

del Colegio de Periodistas de Chile a sus miembros que faltaron a la verdad.

Fuente: http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2006052506 Por Ernesto Carmona (Argenpress).- Organizaciones periodísticas y medios de prensa de América Latina y Europa difundieron y comentaron positivamente el fallo del Tribunal de Etica y Disciplina del Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas que sancionó a tres miembros de la orden por participar en la producción de noticias falsas en el montaje conocido como Operación Colombo o Caso de Los 119, orquestado por los servicios de inteligencia de la dictadura militar en junio de 1975. La difusión en el exterior contrasta con el silencio de la prensa local, en particular los medios afectados por el fallo (La Tercera, La Segunda, El Mercurio y Las Ultimas Noticias). En otros casos, el fallo fue tergiversado en cartas y comentarios que circularon por Internet, quizás sin haber leído previamente el documento http://www.blogger.com/ En Chile, la noticia fue recogida por el diario Siete, La Nación, Revista Punto Final, Radio Cooperativa, Radio Universidad de Chile, los diarios electrónicos El Mostrador y Gran Valparaíso y numerosos órganos alternativos a los grandes medios corporativos. La Operación Colombo, de "guerra psicológica", presentó a 119 detenidos desaparecidos como muertos entre ellos mismos -"exterminados como ratones"--, en ficticios encuentros armados en Argentina, según noticias inventadas por la prensa de en junio de 1975. Las 119 víctimas formaban parte de cientos de personas reclamadas en recursos de "habeas corpus" de sus familias que fueron ignorados por los tribunales y entre ellos se encontraban dos jóvenes periodistas desaparecidos, Mario Calderón Tapia, de Valparaíso, y Luis Durán Rivas, de Santiago. El fallo ético, emitido en marzo 2006, respondió a una denuncia introducida en noviembre 2005 por familiares de las víctimas. El documento de 38 páginas se encuentra en varios sitios web, por ejemplo, http://www.blogger.com/ Las 250 páginas del expediente completo, con sus anexos, declaraciones de imputados y testigos, documentos relacionados y fotografías, está publicado en www.PuroChile.org, portal londinense del periodista chileno Róbinson Rojas, quien reside en Inglaterra. http://www.blogger.com/ El instructor del sumario fue el periodista Alfredo Taborga Molina, autor de un expediente de unas 250 páginas, cuyo contenido de declaraciones y testimonios constituye una valiosa radiografía del periodismo chileno de la época. La sanción fue aprobada por la unanimidad de los miembros del Tribunal Regional de Etica y Disciplina del Consejo Regional Metropolitano (Santiago) del Colegio, Doris Jiménez Villarroel, Enrique Contreras González, Víctor Abudaye Soto y Ricardo Urzúa Munita. Sanciones y amonestaciones. El fallo sancionó a tres periodistas por su responsabilidad ética en el montaje noticioso que en junio de 1975 presentó en la prensa la desaparición de 119 ciudadanos como si se hubieran "exterminado" entre ellos mismos. Para el tribunal deontológico de los periodistas, "los responsables del manejo de la información no cumplieron con su obligación profesional y su compromiso con la sociedad de trabajar con la verdad, con lo cual fallaron en su deber ético esencial". Fernando Díaz Palma, quien a la fecha dirigía el diario "Las Ultimas Noticias", de la cadena El Mercurio, fue sancionado con "censura pública y suspensión de su calidad de miembro del Colegio de Periodistas durante seis meses" por violar el Código de Etica. La misma sanción recayó en Alberto Guerrero Espinoza, quien se desempeñaba a esa fecha como director del diario La Tercera de la Hora. Beatriz Undurraga Gómez, de El Mercurio, quien hizo caso omiso de las citaciones del Tribunal, recibió "censura pública" y suspensión por tres meses, en tanto fue absuelta por falta de pruebas Mercedes Garrido Garrido, del vespertino "La Segunda" (también de "El Mercurio"), quien concurrió a declarar y demostró no haber estado involucrada. René Silva Espejo y Mario Carneyro, directores de "El Mercurio" y "La Segunda" durante la publicación de las noticias falsas, fueron declarados "no imputables" por haber fallecido. El tribunal amonestó, además, a dos periodistas de renombre que no estuvieron involucrados en la "Operación Colombo" pero rehusaron colaborar con la investigación ética de la orden y no concurrieron a declarar ante el fiscal. El tribunal citó a declarar a una veintena de periodistas afiliados al Colegio, de diverso signo político e ideológico, no en calidad de imputados sino como testigos o, simplemente, para recabar su aporte de información. Los dos periodistas amonestados, quienes tampoco apelaron la decisión del tribunal, fueron Mónica González, directora del diario Siete, galardonada en mayo 2006 con el premio Dan David (250.000 dólares), de la Universidad Tel Aviv, Israel, y Juan Pablo Cárdenas Squella, premio nacional de periodismo 2005, consejero regional del Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y director de la Radio Universidad de Chile. El tribunal dictaminó que violaron el artículo 13 del Reglamento de Instrucción de Sumarios para los Tribunales de Etica y Disciplina del Colegio, cuyo texto establece que "ningún periodista colegiado podrá negarse a prestar declaración en un sumario o a concurrir a las audiencias a que sea citado con ese objeto, salvo que medie causa legítima de excusa". La amonestación a González y Cárdenas fue un aspecto menor del fallo, pero resultó más publicitada, comentada y criticada que la sanción a los tres periodistas involucrados en las publicaciones de prensa de 1975, probablemente por desconocimiento o una lectura equivocada del documento. El fallo también implica una auto-crítica del propio Colegio. "Al tenor de esta investigación queda en evidencia, además, que el Colegio de Periodistas de Chile tampoco cumplió con su deber de proteger el correcto desempeño profesional y ser un referente en la defensa de valores éticos en el ejercicio de un periodismo sano para la sociedad", indica un párrafo resolutivo del dictamen (página 23). "Le faltó la decisión de defender los requerimientos de la sociedad de estar correctamente informada y denunciar la responsabilidad que tuvo la prensa y los periodistas que fueron cómplices de esta situación". El revés de la trama Dos periodistas imputados --Díaz Palma y Guerrero Espinoza-- acataron explícitamente la autoridad del Colegio, para juzgar conductas éticas en la profesión. Ambos justificaron una equívoca actuación profesional por exigencias de las empresas y posibles represalias económicas gubernamentales a través del gasto publicitario de la dictadura militar. Asimismo, reconocieron falta de rigor profesional. Por ejemplo, Fernando Díaz Palma, declaró: "... Hoy, con la perspectiva del tiempo, 30 años después, si...., claro, yo le digo, esto fue un fraude.....un engaño. ...Un engaño y fue pasada a llevar la confianza en los periodistas que tratan de informar de todo... Pero, pienso yo, que si es una información oficial la que le entregan a uno, igual que hoy día, no se pone en duda una información oficial. Pasa en todos los regímenes. Era complicado.... Pero ahora, 30 años después, claro, uno se da cuenta..., 30 años después hemos venido a escuchar muchas cosas de lo que estaba pasando. Muertos, desaparecidos, desenterrando gente.....claro... si nosotros hubiéramos PODIDO y hubiéramos SABIDO esas cosas ya las habríamos tenido que investigar antes, sin perjuicio de correr riesgos... porque ahí... -Fiscal: Es decir, ¿que eso (la investigación, el reporteo) habría faltado...? -Fernando Díaz: "Claro, faltó... Faltó haber cubierto las cosas... y haber hecho las investigaciones propias... Pero, mire, es así... Y uno... a ver... " Guerrero Espinoza, en una carta al fiscal Taborga del 1 de diciembre 2005 (Anexo 15), dijo: 'Resultaría valioso que el actual Colegio reconstruyera, de alguna manera, esa etapa del periodismo con amedrentamientos, escasas fuentes noticiosas, censura previa, toque de queda y la presencia diaria de patrullas militares en las oficinas de redacción de los diarios, aprovechando que aún permanecen vivos y con alguna claridad mental muchos de sus protagonistas. Ellos, exclusivamente desde el punto de vista profesional -sin contaminarlo con el aspecto político- podrían hacer un buen aporte a las nuevas generaciones de periodistas'. La Segunda, 24 de julio, 1975 En su declaración ante el fiscal, el ex director de La Tercera Guerrero Espinoza recordó: 'No se olviden que había censura previa, amedrentamiento, patrullas militares... . Nosotros en La Tercera tuvimos más de un año una patrulla militar que llegaba todos los días a las 6 de la tarde a controlar la información. Yo creo que el Colegio no ha considerado muchas cosas. Si se revisa la historia del periodismo, y se revisan los diarios del año 73, se van a encontrar con que La Tercera durante muchos días publicó páginas en blanco y párrafos en blanco y que era una señal que yo pretendía dar para que se dieran cuanta de que había censura. Eso nadie lo ha dicho en el tiempo. Entonces, creo que es necesario considerar las condiciones en que se vivía, las condiciones en las que se trabajaba y lo difícil que era confrontar fuentes noticiosas. No las habían...Las habían de un solo lado. Entonces, ¿cómo podía un director de diario confirmar cada noticia que llegaba? "Guerrero aclaró que siempre prevaleció la voluntad de la empresa: "Ah, bueno...Lo que quiero decir es que yo no era la autoridad absoluta del diario... .Era el director, pero había un Consejo General, que lo presidía don Germán Pico Cañas, uno de los dueños del diario, y que integraban diversas personas a las que también las autoridades del Gobierno llamaban. Las llamaban por teléfono y les decían ‘Mire, hay una información muy importante que necesitamos que se destaque'. Ahí muchas veces se producía la confrontación entre el dueño del diario y el periodista, de no darle la trascendencia que le habían pedido y el título a ocho columnas en primera página. Bueno, ahí uno tenía que hacer, establecer el equilibrio, manejar la información, reducirla mucho, porque indudablemente --como tú dices-- habían pautas y los reporteros que cubrían los sectores de gobierno cierto que naturalmente traían la influencia de la información que le habían entregado". Guerrero terminó despedido del diario por publicar la noticia del secuestro y rescate del hijo de un relevante empresario de la época, un hecho que la dictadura quiso mantener oculto: 'Al día siguiente la publiqué en el diario. ‘Rescatado hijo de Manuel Cruzat'. Nadie había hablado del secuestro. Y yo digo que había sido secuestrado, que se había pagado un millón... Eso, esa noticia..., porque había el compromiso con el Gobierno, y el compromiso de la Empresa (del dueño de La Tercera) con el Gobierno de no publicarla, me costo la dirección del diario. A mí, al día siguiente de la publicación, se me pidió la renuncia... "El periodista afirmó que hoy podría actuar de manera diferente: 'Te digo entonces, yo, naturalmente, a lo mejor habría preferido tener más alma de héroe y habérmelas jugado... pero en el ambiente que vivíamos.....no sé....[ilegible]... uno tiene familia, cuida su fuente de trabajo.... Con la perspectiva del tiempo, a lo mejor ahora diría que me da lo mismo jugármela y que pase lo que pase". Ninguno de los imputados apeló el fallo del tribunal ético de primera instancia, dando por aceptada la sanción de sus pares. La tuición de los colegios profesionales sobre la conducta ética de sus asociados fue restablecida en el ordenamiento jurídico chileno por una reforma de la Constitución Política aprobada por el Congreso en 2005, aunque todavía falta legislar sobre los tribunales especiales que ventilarán acusaciones deontológicas contra profesionales no asociados a esas organizaciones. La afiliación a los colegios no es obligatoria para ninguna profesión desde las reformas "legales" implantadas por la dictadura militar. El fallo, asimismo, dejó "constancia de la perniciosa actuación del entonces funcionario civil del gobierno militar Alvaro Puga en la manipulación, amedrentamiento, censura y persecución de periodistas y medios". Según el tribunal, por tratarse de un "individuo que no es periodista y por lo tanto no es miembro del Colegio de Periodistas de Chile", el abogado Puga "no es sujeto de este sumario", aunque ejercía el periodismo "de opinión" y firmaba artículos de prensa bajo el seudónimo "Alexis". La información recabada por el tribunal estableció que bajo la dictadura operó una suerte de división de guerra psicológica ligada a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), llamada después Central Nacional de Información (CNI), cuya labor consistió en orientar y controlar los medios de comunicación. En esa instancia, Puga trabajó con el psicólogo Hernán Tuane Scaff, involucrado además en torturas de la DINA/CNI en numerosos procesos judiciales, y Anthal Lipthay, de origen húngaro, quien CIA llegó a Chile, con pasaporte de "apatrida", como "especialista psicológico". Más tarde, derivó en operador financiero de Augusto Pinochet y se convirtió en millonario. Según las páginas sociales de La Tercera, Lipthay hospedaba en su residencia de Miami a Lucía Pinochet Hiriart, hija sesentona del ex dictador. Piezas claves en la elaboración de las noticias falsas que dieron origen a la intriga de la Operación Colombo fueron los agregados de prensa en Argentina y Brasil, Silvia Pinto y Jaime Valdés, periodistas fallecidos. El agente DINA Gerardo Roa Araneda, en su doble condición de funcionario de la Línea Aérea Nacional (LAN) consiguió el financiamiento para sacar tres ediciones del periódico brasilero Novo O Dia, de Curitiba, donde publicó artículos firmados con su verdadero nombre. Esta publicación, más la revista LEA, que apareció una sola vez en Buenos Aires, publicaron las noticias falsas sobre "Los 119" y enseguida desaparecieron, pero sus "informes" fueron amplificados por El Mercurio, La Tercera, Las Ultimas Noticias, La Segunda, La Mañana de Talca, otros medios impresos, las agencias internacionales de noticias Associated Press y Latin, más la radio y la televisión de la época. Repercusiones internacionales Levy Benshimol, Presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela --organización crítica del gobierno de su país--, expresó (20 de abril) '¡Qué extraordinario ejemplo de ese Tribunal de Etica, para todos nosotros'. Añadió: ' En mi nombre y en el de los demás miembros del Colegio Nacional de Periodistas, nuestro sincero y solidario respaldo a la decisión del Tribunal de Etica del Colegio de Periodistas de Chile por tan extraordinario trabajo, que no sólo sanciona, sino que abre el verdadero camino del ejercicio del periodismo en función no solamente de la ética profesional, sino de la ética ciudadana, pues ellos no sólo faltaron a su compromiso como seres humanos. Favor hacer llegar este mensaje a los colegas'. El columnista Orlando Pérez, del diario Hoy, de Quito, Ecuador, señaló (16 de abril) que 'la noticia señala un hito en la historia del periodismo latinoamericano: "El Tribunal de Etica y Disciplina del Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas de Santiago de Chile confirmó el fallo del fiscal y presidente de esa instancia, Alfredo Taborga, y condenó a ex directores de El Mercurio, La Segunda, Las Ultimas Noticias y La Tercera y a una periodista, por falta a la ética y no cumplimiento con el deber ‘de entregar la verdad a la ciudadanía', en las publicaciones que esos medios realizaron en los primeros años de la dictadura acerca del secuestro y desaparición de 119 prisioneros políticos en el montaje conocido como Operación Colombo" http://webmail.bolpress.com/horde/services/go.php?url=http%3A%2F%2F www.hoy.com. La Política On Line Medios (24 de abril), de Argentina, comentando la noticia publicado por Clarín de Buenos Aires, en una nota titulada 'Sanción a editores por desinformar (Operaron bajo el régimen de Pinochet)", expresó: "La decisión abre un debate inquietante pero necesario para el fortalecimiento de la democracia, sobre la responsabilidad que cabe a los medios por su apoyo a regímenes dictatoriales como los que asolaron a Chile y la Argentina. Responsabilidad y eventuales sanciones que históricamente no suelen abordarse, como también sucede con los sectores económicos y otras instituciones que apoyan o toleran o aprovechan las dictaduras" http://webmail.bolpress.com/horde/services/go.php?url=http%3A%2F%2F www.lapoliticaonline.com.ar La Política On Line Medios añadió: "La trascendente decisión chilena también abre un debate sobre la necesidad de auto-regulación del ejercicio periodístico a través de un organismo plural, independiente y profesional. Como se sabe en la Argentina no existe nada parecido al Colegio de Periodistas, que fiscalice con las necesarias garantías de debido proceso, la actuación de los medios". La publicación reprodujo completo el informe de Jorge Escalante, en La Nación de Chile (31 de marzo). http://www.bolpress.com/&PHPSESSID=fb0b109f9cfec2f726b770b05556d677#34; http://webmail.bolpress.com/horde/services/go.php?url=http%3A%2F%2F www.lanacion.cl%2Fprontus_noticias La edición 565 de 'La primera piedra (Una mirada sobre el periodismo y los medios libre de culpas)' escribió (12 de abril): 'Piedrazos a periodistas mentirosos: Esta es la reproducción de una nota aparecida en el diario chileno La Nación en torno a la participación de algunos periodistas en la dictadura. En la gran cantidad de actos y autocríticas que tuvimos en la Argentina con motivo de los 30 años de la dictadura hay un sector que no hizo su propia crítica, por el contrario siguió como si nada. ¿Que pasaría si enjuiciáramos la falta de ética de los grandes medios durante la dictadura? Fijensé una de las tapas expuestas como prueba, ¿no es demasiaaaado parecida a algunas argentinas?'. Y a continuación reprodujo la nota de Jorge Escalante, ilustrada con la tapa de La Segunda cuyo titular reza "Exterminados como ratones" http://webmail.bolpress.com/horde/services/go.php? http://laprimerapiedra.blogspot.com2F2006_04_12_ www.laprimerapiedra_archive.html El resumen de prensa de la Vicepresidencia de la República de Venezuela incluyó también la noticia (31 de marzo): "Chile: Sanción a periodistas por faltas a ética. Tribunal de Etica y Disciplina del Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas confirmó el fallo del fiscal y presidente de esa instancia, Alfredo Taborga, y condenó a ex directores de "El Mercurio", "La Segunda", "Las Ultimas Noticias" y "La Tercera" y a una periodista, por falta a la ética y no cumplimiento con el deber "de entregar la verdad a la ciudadanía", en las publicaciones que esos medios realizaron en los primeros años de la dictadura acerca del secuestro y desaparición de 119 prisioneros políticos en el montaje conocido como Operación Colombo. (La Nación, Chile). Ver http://webmail.bolpress.com/horde/services/go.php?ur www.vicepresidencia.gov.ve%2Fboletin.asp%3Fid%3D1451 La noticia del fallo, además, fue publicada, comentada y/o reproducida en decenas de publicaciones, entre otras Anaquel Austral http://webmail.bolpress.com/horde/services/go.php?url http://Fvirginia-vidal.com Punto Ciego http://webmail.bolpress.com/horde/services/go.php?url http://Fpuntociego.wordpress.com%2F2006%2F03%2F Periodismo Global http://webmail.bolpress.com/horde/services/go.php?url http://Fperiodismoglobal.blogspot.com WebIslam http://webmail.bolpress.com/horde/services/go.php?url www.webislam.com%2F%3Fidn%3D5309 PRNoticias, España http://webmail.bolpress.com/horde/services/go.php? www.prnoticias.com La Firme http://webmail.bolpress.com/horde/services/go.php?url http://telepolis.com%2Fmonograficos%2Fframe.cfm www.lafirme.cl%2F Voto en Blanco, España http://webmail.bolpress.com/horde/services/go.php?url http://Fblogs.periodistadigital.com%2 www.Fvotoenblanco.php%2F2006%2F02%2F24%2 www.Flos_medios_de_comunicacion_icuarto_o_pri Memoria MIR http://webmail.bolpress.com/horde/services/go.php? www.memoriamir.cl%2Findex.phpo Jessica Acuna Blog http://webmail.bolpress.com/horde/services/go.php?url http:/Fjacunaneira.blogspot.com%2F FUNA http://webmail.bolpress.com/horde/services/go.php www.funachile.cl El Clarín http://webmail.bolpress.com/horde/services/go.php?url=http%3A%2F%2F www.elclarin.cl ClarínNet http://webmail.bolpress.com/horde/services/go.php?url www.canalciudadano.cl%2Findex.php%3Foption%3 Mundo Posible http://webmail.bolpress.com/horde/services/go.php? www.mundoposible.cl Rebelión http://webmail.bolpress.com/horde/services/go.php?url www.rebelion.org http://Fnoticia.php%3Fid%3D29214 PiensaChile http://webmail.bolpress.com/horde/services/go.php?url= http://piensachile.com%2Findex2.php%3Foption%3 AtinaChile: http://webmail.bolpress.com/horde/services/ www.atinachile.cl%2Fnode%2F9941 La Fogata Latinoamericana http://webmail.bolpress.com/horde/services/go.php?url= http://www.lafogata.org%2F06latino%2Flatino4%2Fchi_3-3.htm Midiablog, Brasil http://www.bolpress.com/&?PHPSESSID http://webmail.bolpress.com/horde/services/go.php?url http:/Fmidiablog.com%2F%3Fp%3D143 http://webmail.bolpress.com/horde/services/go.php?url http://Fmidiablog.com%2F%3Fcat%3D17%26paged%3D2 Unión de Periodistas de Cuba http://webmail.bolpress.com/horde/services/go.php?url=http%3A%2F2F www.cubaperiodistas.cu%2F007_columnistas%2Fernesto_carmona%2Ftexto13.htm

Voltairenet - Red de Prensa No alineados, Francia http://webmail.bolpress.com/horde/services/go.php?url=http%3A%2F%2F

www.voltairenet.org%2Farticle138255.html

Periodismo Global http://webmail.bolpress.com/horde/services/go.php?url http://Fperiodismoglobal.blogspot.com www.chile-sancin-periodistas-por-faltas-la.html Punto Ciego http://webmail.bolpress.com/horde/services/go.php?url www.Fpuntociego.wordpress.com%2F2006%2F03%2F El Diario de Carolina http://webmail.bolpress.com/horde/services/go.php?url= http://%3A%2F%2Fonlinecarolonline.blogspot.com www:Fdirectores-del-mercurio-la-3alun-y-la.html Misque http://webmail.bolpress.com/horde/services/go.php?url http://Fsubcomandantealmendra.blogspot.com%2F Blablablog http://webmail.bolpress.com/horde/services/go.php?url= http://A%2F%2Fblablablog.es%2Ftodorss%2Fperiodismo_global%2F2006%2F04%2F y MQH http://www.bolpress.com/&?PHPSESSID=fb0b109f9cfec2f726b770b05556d677#34 http://webmail.bolpress.com/horde/services/go.php? http: //blogia.com%2F2006%2F040101-sancion-etica-y-otros-reportajes-chilenos.php

Familiares de víctimas pidieron que sean procesados editores y periodistas que participaron en la estrategia mediática de la Operación Colombo.

Chile: exigen procesar a periodistas por complicidad en asesinato de opositores Familiares de víctimas de Pinochet pidieron que sean procesados editores y periodistas que participaron en la estrategia mediática de la Operación Colombo. Agencias / La Jornada On Line Publicado: 27/05/2008 20:40 Santiago. Familiares de 119 víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), en el caso de la Operación Colombo, demandaron este martes el enjuiciamiento de medios de comunicación, a los que acusan de complicidad en los crímenes. El grupo expuso la demanda en los Tribunales de Justicia, donde fue leída una declaración pidiendo la persecución de los medios de comunicación, tanto de editores como de periodistas que participaron en la estrategia mediática de la Operación Colombo. El montaje informativo consistió en la publicación en medios extranjeros en Brasil y Argentina, que sólo tuvieron una edición, la información de que "extremistas" chilenos se habían eliminado entre ellos, dando a conocer una lista de 60 nombres. La reproducción en Chile del montaje elaborado por los servicios secretos de Pinochet utilizó titulares como "Exterminados como ratas" (La Segunda, 24 de julio, 1975), o "Ejecutados por sus propios camaradas" (El Mercurio, 23 julio 1975). A ellos se agregaron Las Ultimas Noticias del mismo día, con el título de "Nómina de los Ajusticiados" y el subtítulo de "Sangrienta pugna en el MIR", y el diario La Tercera tituló "El MIR ha asesinado a 60 de sus hombres". La declaración de los familiares de las víctimas de la Operación Colombo sobre la operación mediática responsabilizó a los medios chilenos de esa época, y demandó que sean procesados en calidad de encubridores. "Corresponde que se persiga la responsabilidad de aquellos civiles, en particular de los medios de información y periodistas, que planificaron el montaje comunicacional de la lista de los 119 y que co-ayudaron con su implementación", dice el documento. "No puede castigarse al sicario y no a su asociado", señaló por su parte Roberto Doribal, familiar de una de las víctimas, en alusión a medios de comunicación que en la época contribuyeron con sus publicaciones a intentar engañar a la opinión pública. Los demandantes pidieron la persecución de los medios de comunicación, como de editores y periodistas que participaron en la estrategia mediática de la Operación Colombo. Por su parte, el Colegio de Periodistas indicó que ya hubo una sanción "ética" para los reporteros involucrados en el caso de parte del gremio. "Hay un dictamen de nuestro Tribunal de Etica Metropolitano, que no fue apelado, que cursa sanciones a un grupo de colegas. Y desconozco si eso es una base razonable para una acción judicial (en contra)", dijo el presidente del Colegio de Periodistas, Luis Conejeros. Mientras tanto, este martes siguieron las notificaciones de los 98 agentes represivos de Pinochet, procesados por el juez Víctor Montiglio -33 años después de los hechos- por el "secuestro permanente" de 42 de las 119 víctimas, de la Operación Colombo. Entre los procesados se encuentran ocho coroneles de ejército, 23 suboficiales, 40 ex agentes y suboficiales de carabineros, detectives, miembros de la Fuerza Aérea y de la Armada, todos en retiro, además de un civil. Las notificaciones continuarán durante la semana debido a que, según declaró el director de Investigaciones subrogante, René Castellón, "normalmente en este tipo de situaciones es probable que a más de alguien no lo podamos ubicar en el minuto". La resolución dictada por el juez Víctor Montiglio es la que apunta a un mayor número de enjuiciados por violaciones a los derechos humanos bajo la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), entre los casi 400 casos que instruye la justicia chilena.

¿Más comisiones? ¿Más mesas de negociaciones? Enviado Por Sara López Lazcano

¿Más comisiones? ¿Más mesas de negociaciones? ..... Nada más que ¡Juicio A Los Militares!. Enviado Por Sara López Lazcano.

DD.HH.: Alerta Roja Opinión Por Eduardo Contreras

Fuente: http://www.el/ Siglo.com El reciente Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Chile adoptó diversos acuerdos tendientes a enriquecer en diferentes aspectos lo que será la plataforma política y el discurso de nuestros candidatos a concejales y alcaldes para los comicios de este año. Los grandes temas de la educación, salud, vivienda, la crisis económica internacional y local, trabajo, previsión social, derechos de los trabajadores y de los pobladores, fin del sistema electoral binominal, nueva Constitución para Chile, están por cierto planteados a la orden del día; pero con igual importancia los asuntos relativos a la defensa intransigente de los derechos humanos, el combate a la impunidad y la exigencia de juicio y condena a los asesinos. Nunca más oportuno este llamado si tenemos en cuenta inquietantes señales que no dejan lugar a dudas de la existencia de nuevos empeños de los conocidos de siempre – la derecha , los poderes fácticos y determinados sectores del gobierno – tras el indecente propósito del punto final, es decir impunidad para los crímenes de la dictadura militar. Desde luego hay que mencionar la impresentable petición de renuncia que el gobierno hizo a la secretaria ejecutiva del programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, la destacada abogado Raquel Mejías. Este programa es lo único que se podrá destacar algún día como obra de los gobiernos de la Concertación en materia de derechos humanos. Lo demás es verso, esto es concreto y bien conocemos quienes nos desempeñamos en este campo el aporte que durante años han hecho los trabajadores de ese programa bajo la conducción de la abogado Mejías. Mucho se especula acerca de las causas de su despido, que malas relaciones con funcionarios de La Moneda, que el ministro Pérez Yoma prefiere mesas de diálogo y no juicios a los militares, etc. Lo objetivo es que la despidieron al peor estilo de los patrones de fundo y en mi opinión no hay otra causa que no sea su insobornable lucha por verdad y justicia que suele ser tan molesta cuando toca epidermis y sentimientos de los verdaderos dueños del poder, de aquellos a que son tributarios los gobernantes de turno. En este contexto en la fecha fatal de este martes 13, la Corte Suprema se ha despachado un fallo aberrante, que avergüenza al país y constituye una potente señal que enciende luz roja en la materia. Resolviendo sobre un recurso de casación interpuesto por el abogado comunista Hugo Gutiérrez, candidato a alcalde por Estación Central, acerca del asesinato de “José Constanzo Vera” a manos de la Marinería en septiembre del 73 en Talcahuano, los tribunales han confirmado la absolución del criminal. Pero es que además lo han hecho sobre la base de pasar por sobre la ley chilena y todos los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, por sobre la doctrina nacional e internacional y por sobre la propia jurisprudencia unánime de los últimos 10 años de este misma Corte Suprema. Porque ahora, al contrario de lo que fue su invariable postura, los supremos concluyen que el crimen ha prescrito, es decir que el paso del tiempo ha lavado la sangre y exculpado a los asesinos pese a que lo que indica el Derecho nacional e internacional es precisamente lo contrario. Al menos desde los Convenios de Ginebra, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y varias Resoluciones de la ONU, en concordancia con la propia Constitución Política del país, está claro que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, que el Estado nunca puede exonerarse de la responsabilidad, penal y civil, por los actos ilícitos y antijurídicos de sus agentes. Así lo sostuvo la propia Corte Suprema. ¿Por qué el cambio? ¿Es sólo porque en la sala estaba el ministro Rubén Ballesteros, conocido por su posición proclive al perdón y al olvido? ¿O porque estaba el abogado integrante Hernán Álvarez, el ex presidente de la Suprema, estrechamente vinculado a Pinochet respecto de cuya situación procesal se permitía opinar públicamente en pleno desarrollo de esos juicios? Lo grave, de nuevo, es que los abogados integrantes de la Corte son designados por el gobierno. Y ¿cómo podría explicar el gobierno de la presidente Bachelet haber designado a un tenaz pinochetista en tan destacado cargo? Malas, muy malas señales, que junto a la propuesta de un Instituto de DDHH tal vez adecuado como muestra museográfica, pero estéril en la lucha real, van conformando un cuadro que debe ponernos en alerta.