¿Más comisiones? ¿Más mesas de negociaciones? Enviado Por Sara López Lazcano

¿Más comisiones? ¿Más mesas de negociaciones? ..... Nada más que ¡Juicio A Los Militares!. Enviado Por Sara López Lazcano.

DD.HH.: Alerta Roja Opinión Por Eduardo Contreras

Fuente: http://www.el/ Siglo.com El reciente Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Chile adoptó diversos acuerdos tendientes a enriquecer en diferentes aspectos lo que será la plataforma política y el discurso de nuestros candidatos a concejales y alcaldes para los comicios de este año. Los grandes temas de la educación, salud, vivienda, la crisis económica internacional y local, trabajo, previsión social, derechos de los trabajadores y de los pobladores, fin del sistema electoral binominal, nueva Constitución para Chile, están por cierto planteados a la orden del día; pero con igual importancia los asuntos relativos a la defensa intransigente de los derechos humanos, el combate a la impunidad y la exigencia de juicio y condena a los asesinos. Nunca más oportuno este llamado si tenemos en cuenta inquietantes señales que no dejan lugar a dudas de la existencia de nuevos empeños de los conocidos de siempre – la derecha , los poderes fácticos y determinados sectores del gobierno – tras el indecente propósito del punto final, es decir impunidad para los crímenes de la dictadura militar. Desde luego hay que mencionar la impresentable petición de renuncia que el gobierno hizo a la secretaria ejecutiva del programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, la destacada abogado Raquel Mejías. Este programa es lo único que se podrá destacar algún día como obra de los gobiernos de la Concertación en materia de derechos humanos. Lo demás es verso, esto es concreto y bien conocemos quienes nos desempeñamos en este campo el aporte que durante años han hecho los trabajadores de ese programa bajo la conducción de la abogado Mejías. Mucho se especula acerca de las causas de su despido, que malas relaciones con funcionarios de La Moneda, que el ministro Pérez Yoma prefiere mesas de diálogo y no juicios a los militares, etc. Lo objetivo es que la despidieron al peor estilo de los patrones de fundo y en mi opinión no hay otra causa que no sea su insobornable lucha por verdad y justicia que suele ser tan molesta cuando toca epidermis y sentimientos de los verdaderos dueños del poder, de aquellos a que son tributarios los gobernantes de turno. En este contexto en la fecha fatal de este martes 13, la Corte Suprema se ha despachado un fallo aberrante, que avergüenza al país y constituye una potente señal que enciende luz roja en la materia. Resolviendo sobre un recurso de casación interpuesto por el abogado comunista Hugo Gutiérrez, candidato a alcalde por Estación Central, acerca del asesinato de “José Constanzo Vera” a manos de la Marinería en septiembre del 73 en Talcahuano, los tribunales han confirmado la absolución del criminal. Pero es que además lo han hecho sobre la base de pasar por sobre la ley chilena y todos los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, por sobre la doctrina nacional e internacional y por sobre la propia jurisprudencia unánime de los últimos 10 años de este misma Corte Suprema. Porque ahora, al contrario de lo que fue su invariable postura, los supremos concluyen que el crimen ha prescrito, es decir que el paso del tiempo ha lavado la sangre y exculpado a los asesinos pese a que lo que indica el Derecho nacional e internacional es precisamente lo contrario. Al menos desde los Convenios de Ginebra, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y varias Resoluciones de la ONU, en concordancia con la propia Constitución Política del país, está claro que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, que el Estado nunca puede exonerarse de la responsabilidad, penal y civil, por los actos ilícitos y antijurídicos de sus agentes. Así lo sostuvo la propia Corte Suprema. ¿Por qué el cambio? ¿Es sólo porque en la sala estaba el ministro Rubén Ballesteros, conocido por su posición proclive al perdón y al olvido? ¿O porque estaba el abogado integrante Hernán Álvarez, el ex presidente de la Suprema, estrechamente vinculado a Pinochet respecto de cuya situación procesal se permitía opinar públicamente en pleno desarrollo de esos juicios? Lo grave, de nuevo, es que los abogados integrantes de la Corte son designados por el gobierno. Y ¿cómo podría explicar el gobierno de la presidente Bachelet haber designado a un tenaz pinochetista en tan destacado cargo? Malas, muy malas señales, que junto a la propuesta de un Instituto de DDHH tal vez adecuado como muestra museográfica, pero estéril en la lucha real, van conformando un cuadro que debe ponernos en alerta.